La Justicia investiga un posible esquema de corrupción que involucra al Ministro D´Onofrio, a través de la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, realizó un pedido de envío de documentación al Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires con el fin de investigar una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra al Ministerio de Transporte bonaerense de Jorge D’Onofrio, por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
La investigación comenzó a través de una denuncia particular, la cual relata que distintos funcionarios de la administración provincial, específicamente de la cartera conduce D’Onofrio, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo que centraliza las infracciones de tránsito, que habrían participado de una red de corrupción junto con gestores y terceros, ajenos a la dependencia estatal.
El supuesto modus operandi era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal.
Como parte de la investigación, la Fiscalía recopiló algunos expedientes y evidencias que podrían implicar a varios individuos en el manejo irregular de las contravenciones de tránsito, con supuesta participación del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof.
“Estamos procesando toda la documentación que secuestramos y vamos a comenzar a recibir las testimoniales de las víctimas que se presentaron con los gestores y fueron engañados con descargos apócrifos, porque el trámite debía ser personal y se usaron cuentas de email que no habían sido verificadas de tal manera que vamos a volver a recorrer todo el circuito para llegar a los funcionarios involucrados”, sostuvo Garganta.
En este marco, las presentaciones fueron dispuestas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la orden de Garganta, quien coordina la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, y validando el procedimiento por parte del juez Juan Pablo Masi, del Juzgado de Garantías 4 de La Plata.
Cómo comenzó la investigación por corrupción que involucra a D´Onofrio
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento, una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, se sospecha también que desde los juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
En este contexto, según trascendió varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartando de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que las comunas comenzaron a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
Según estipula la ley provincial 13.927, las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi-autopistas dentro del territorio provincial solo deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
La evidencia recopilada durante la investigación sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema de corrupción en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas. (diputadosbsas)
