El Gobierno bonaerense anunció que se reanudará el Plan de Infraestructura Penitenciaria, a pesar de los recortes que realizó Milei en la obra pública.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, anunció que el Gobierno de la provincia retomará el Plan de Infraestructura Penitenciaria, con el que buscan crear más de 5.000 plazas, al mismo tiempo que anticipó que impulsará una reforma en el área.
“A pesar de las restricciones financieras impuestas por el Gobierno Nacional vamos a continuar“, aseguró el funcionario que responde a Axel Kicillof, en el marco del acto por el día del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que se llevó adelante en la Escuela de Cadetes ubicada en la ciudad de La Plata.
En este sentido, el Plan de Infraestructura Penitenciaria tiene como objetivo dar una solución al problema de la sobrepoblación carcelaria que, según fuentes oficiales, al momento de asumir Kicillof en 2019, tenía la mitad de lo necesario, al contar con 24 mil plazas y tener unos 52 mil internos en toda la Provincia.
Vale recordar que, el plan de infraestructura para el SPB, se había lanzado originalmente en el año 2021, momento en el que se aumentó en 6.500 la cantidad de plazas de las cárceles bonaerenses, y adelantó que ahora quedan unas 5.500 nuevas.
Según el Plan de Infraestructura Penitenciaria original, el plan contemplaba la construcción de cárceles y alcaidías para sumar un total de 12 mil plazas nuevas, y contaba con un aporte de $18.000 millones del Ministerio de Obras Públicas nacional, pero que se recortaron al momento que Javier Milei asumió la presidencia.
De esta manera, Mena confirmó que el Gobierno bonaerense llegó a construir unas 6500 plazas, por lo que, con la reanudación del Plan de Infraestructura Penitenciaria se completaría una tercera etapa del plan, que contemplaba la construcción de 4 cárceles y 7 alcaidías.
Es preciso mencionar que, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el índice de superpoblación de las cárceles llegó al 115% en diciembre de 2022, al tiempo que apuntó que, de los 51.673 internos, sólo 25.316 tenían una condena firme, mientras que el resto estaba privado de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva.
