La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires impulsó un Sistema de Aporte Solidario destinado para la emergencia sanitaria. Pero no los obliga sino que los invita a efectuar un descuento en sus sueldos.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense impulsó la iniciativa para que magistrados y funcionarios puedan aportar voluntariamente parte de sus salarios. Además, dispuso la creación de un fondo para destinarlo a la adquisición de elementos que sumen a la atención sanitaria en el marco de la propagación de la pandemia de coronavirus.
La resolución creó el Sistema de Aporte Solidario y la implementación de un programa de medidas de austeridad para la emergencia sanitaria. El fondo estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del Sueldo básico de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia.
A su vez, se propone que lo recaudado será destinado al Ministerio de Salud bonaerense y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de coronavirus. La medida fue firmada por el presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, y contó con el acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y adhesión de la Procuración General.
En tanto, el máximo órgano judicial bonaerense señaló que “es consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país. Sin embargo -añade el Tribunal- ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario”.
Las medidas dispuestas:
Congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia.
Suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios y/o inmuebles ya locados.
Suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital, con excepción estos últimos de aquellos indispensables para la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales que cuenten con fecha de inicio de actividades aprobada por este Tribunal.
Suspender la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial, con excepción de aquellas suscripciones ya contratadas; correspondiendo a la Secretaría de Administración informar el saldo de la cuenta especial y poner a consideración del Tribunal su reasignación para el Fondo Solidario.
Suspender el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.
Suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley “Micaela” de capacitación obligatoria en género.
Establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.
Finalmente, el Tribunal estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.
