El máximo tribunal dejó firme la responsabilidad del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires por la tragedia ocurrida en 2004 en una escuela de Carmen de Patagones, donde un adolescente asesinó a tres compañeros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires y ordenó que ambos indemnicen a las familias de las víctimas de la masacre escolar de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos extraordinarios presentados por el Estado nacional, a través del Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación.
Quedó firme la responsabilidad del Estado
El fallo corresponde a la demanda iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres estudiantes asesinadas durante el ataque ocurrido dentro de la Escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones.
Con esta resolución, la Corte dejó firme la condena que atribuye responsabilidad tanto al Estado provincial como al Estado nacional por las fallas que permitieron que se produjera la tragedia.
Una causa con antecedentes judiciales
No se trata del primer pronunciamiento del máximo tribunal sobre este caso. En 2025, la Corte ya había ratificado otra condena a favor de la familia de Federico Ponce, otra de las víctimas fatales del ataque.
Además, la demanda presentada por los familiares de Evangelina Miranda obtuvo sentencia favorable en primera instancia durante octubre de 2024.
A su vez, en mayo de este año, la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó indemnizar a una excompañera de curso por el daño psicológico sufrido tras presenciar el ataque.
Los fundamentos del fallo
Durante las distintas instancias judiciales, los magistrados sostuvieron que la legislación vigente en 2004 establecía la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños sufridos por alumnos menores mientras permanecían bajo la autoridad de la institución escolar.
Los jueces también consideraron probado que existían antecedentes sobre los problemas de conducta del adolescente que protagonizó el ataque y que distintos integrantes de la comunidad educativa habían advertido sobre el riesgo que representaba la situación.
Sin embargo, concluyeron que esas señales no derivaron en medidas preventivas suficientes para evitar el desenlace.
Más de dos décadas después de la tragedia
La Corte entendió que la falta de acciones adecuadas comprometió la responsabilidad del Estado provincial por el funcionamiento del establecimiento educativo y del Estado nacional por la intervención de la Prefectura Naval Argentina.
De esta manera, más de veinte años después de uno de los episodios más dolorosos de la historia educativa argentina, la Justicia dejó firme la obligación de indemnizar a las familias de las víctimas.
