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La Justicia confirmó las condenas para cinco de los procesados en la causa UOCRA

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Se trata de José Bernardo Burgos, Guillermo Esteban Molina, Walter Rafael Paiz, Mario Matías González y Roberto Sabino Ríos, quienes fueron procesados a fines de 2021.

En las últimas horas, el Tribunal de Casación provincial confirmó la sentencia para cinco de los imputados en la causa UOCRA de Bahía Blanca.

La pena mayor recayó sobre Se trata de José Bernardo Burgos, quien deberá purgar una pena de 15 años y 6 meses de prisión y y 10 de inhabilitación para ejercer actividades gremiales por distintas extorsiones y jefe de asociación ilícita.

Por su partem, Guillermo Molina fue condenado a 13 años y 8 meses (10 de inhabilitación), Walter Rafael Paiz deberá permanecer 8 años tras las rejas (10 de inhabilitación), Mario Matías González 6 y medio (7 de inhabilitación) y Sabino Ríos 4. (6 de inhabilitación).

La resolución fue adoptada por la Sala I del cuerpo, integrada por los jueces Víctor Violini y Fernando Mancini.

En octubre de 2021, la justicia aplicó una ura condena a la cúpula de la UOCRA, por obligar a a empresarios a pagar salarios por encima de los acordados y contratar servicios de gastronomía y transporte a firmas vinculadas.

Vale recordar que Humberto Monteros, quien era secretario general del sindicato, murió en el mes de mayo a causa del coronavirus, que contrajo mientras se encontraba detenido. En el momento de su captura, en la localidad de Monte Hermoso, tenía en su poder 5 millones de pesos, 100 mil dólares y cocaína.

La causa se inició a partir de una denuncia pública de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal por la paralización de obras. La justicia actuó de oficio y recabó testimonios que sostenían que la dirigencia del gremio obligaba a empresarios y cuentapropistas a pagar salarios por encima de los acordados y contratar servicios de gastronomía y transporte a firmas vinculadas.

Pasaron por Tribunales, de manera presencial y virtual, 120 testigos para analizar los 41 hechos denunciados.

Según el expediente, la asociación ilícita estaba “destinada a amenazar, coaccionar y extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”.

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