lun. 5 de octubre de 2026
Bahía Blanca:

La Provincia advierte que la baja de la edad de imputabilidad aumentaría 75% la cantidad de menores detenidos

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El nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 y 15 años generan preocupación en el gobierno bonaerense por el impacto que podrían tener sobre el sistema de alojamiento y atención de menores. Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra el 63% de los menores de 18 años privados de su libertad en todo el país.

El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, José Luis Zerillo, cuestionó que la Nación haya impulsado la reforma sin contemplar que serán las provincias las encargadas de alojar y atender a los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.

Según una proyección realizada por la Provincia junto con el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, el sistema bonaerense podría pasar de los actuales 677 jóvenes bajo tutela estatal a cerca de 1.000 durante los próximos 12 meses. Esto representaría un incremento cercano al 75%.

Zerillo explicó que el aumento no estaría relacionado solamente con la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años. También influye la ampliación de las conductas consideradas punibles por la nueva legislación, que incluye hechos de menor gravedad que anteriormente no tenían consecuencias penales.

El funcionario mencionó como ejemplos amenazas escritas en una escuela, el robo de un elemento a un compañero o el hurto de un producto de bajo valor en un comercio. Además, confirmó que desde la entrada en vigencia de la nueva normativa ya fueron derivados al sistema alrededor de 15 adolescentes de 14 y 15 años por orden judicial.

Más infraestructura para contener la demanda

Ante el posible crecimiento de la población detenida, la administración bonaerense puso en marcha un importante plan de obras para ampliar y mejorar los espacios destinados a menores en conflicto con la ley penal.

En Abasto, partido de La Plata, se inauguró el primer módulo de un nuevo complejo que tendrá cinco sectores de alojamiento, enfermería, escuela, espacios deportivos y áreas de recreación. Desde el gobierno provincial calificaron al proyecto como la mayor obra de infraestructura realizada en la historia del sistema de menores.

El plan también incluye la recuperación integral del predio Nueva Esperanza y del Centro de Recepción de La Plata, la ampliación del dispositivo ubicado en Lomas de Zamora y la recuperación de una sede en Virrey del Pino que había sido cedida al sistema penitenciario para adultos.

La educación como eje

Zerillo también se refirió a las condiciones de alojamiento y a las intervenciones de la Justicia mediante recursos de hábeas corpus. En ese sentido, sostuvo que la Provincia acepta los controles y reclamos judiciales para mejorar las condiciones de los jóvenes privados de su libertad.

Entre las mejoras implementadas en Lomas de Zamora mencionó la conexión al servicio de agua corriente, la reparación de calderas, controles sobre la calidad de las viandas y la incorporación de personal.

Además, aseguró que actualmente el 100% de los jóvenes alojados en establecimientos de responsabilidad penal juvenil tiene acceso a la educación primaria y secundaria, junto con talleres de formación laboral.

Una baja en los delitos y más jóvenes privados de su libertad

El funcionario planteó además una diferencia entre la evolución de los delitos cometidos por menores y la cantidad de adolescentes que terminan privados de su libertad.

De acuerdo con estadísticas de la Procuración General, la participación de menores de 18 años en el total de delitos descendió del 4,2% en 2012 al 2,1% en la actualidad. Sin embargo, la cantidad de jóvenes alcanzados por medidas de privación de la libertad continuó creciendo.

Frente a ese escenario, Zerillo cuestionó que la respuesta frente a la inseguridad se concentre únicamente en el aumento de las penas y la prisionización.

El funcionario advirtió que el desafío será evitar que el crecimiento de la población juvenil privada de su libertad derive en situaciones de hacinamiento y violencia. En contraposición, defendió la necesidad de garantizar educación, capacitación y herramientas de formación que permitan reducir las posibilidades de reincidencia. (Infocielo)

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