La legisladora de Juntos basó su definición en un artículo periodístico el cual sugiere replicar el programa que implementa la Justicia de nuestra ciudad, al calificarlo como “un modelo eficaz a la vuelta de la esquina”.
“Involucrarme para mejorar la justicia de mi ciudad siempre fue mi objetivo”, mencionó en sus redes sociales la senadora provincial, Nidia Moirano.
“El trabajo que hicimos en Bahía Blanca hoy nos muestra un modelo eficiente en la lucha contra el narcotráfico, que es respetado por personas importantes en este tema”, escribió la representantes de Juntos.
En ese mismo tweet, Moirano adjuntó el link de una nota publicada hoy en el diario Infobae, escrita por Marcelo Gallo Tagle, titulada: “Lucha contra el Narcotráfico: un modelo eficaz a la vuelta de la esquina”, la cual publicamos a continuación…
Lucha contra el narcotráfico: un modelo eficaz a la vuelta de la esquina
Resulta oportuno replicar el modelo que implementa la Justicia de Bahía Blanca
Por
Marcelo Gallo Tagle
En aras de contribuir a la batalla contra el crimen organizado en torno al narcotráfico, una problemática de alcance nacional que sigue incrementando su tenor en sitios como Rosario, Orán, Tartagal, Provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos de los puntos calientes, resulta oportuno difundir y replicar el modelo que actualmente se encuentra implementando la Justicia de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
En concreto, la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción organizó y puso en marcha un espacio de conversación que, a todas luces, cumple con el mandato que señala el nuevo artículo 34 de la Ley 23.737. Por tanto, es clave que de inmediato se empiecen a cumplir todos los mandatos que señala dicha legislación a lo largo y ancho del país. En particular ese artículo, que se incorporó en 2019 y llama a crear mesas de diálogo entre los fueros de la Justicia federal y provincial, a fines de que puedan intercambiar los criterios de política criminal que rondan las investigaciones, así como compartir información acerca de las causas de curso vigente.
En rigor, se espera que ambos fueros superen las limitaciones que surgen como producto de la división que en 2005 planteó una modificación previa a la Ley de Drogas. En ese momento, cambio mediante, se otorgó a las provincias la potestad para indagar determinado tipo de delitos, sobre todo, aquellos que se vinculan con el narcomenudeo. En cierta forma, esta alteración propició la expansión de las áreas grises que comúnmente afloran entre las investigaciones que por un lado cubren la venta para el consumo personal y por el otro abordan el tráfico ilícito de drogas, un accionar de mayor escala y posible implicancia internacional.
En concordancia con la norma, a esta mesa de trabajo la integran operadores de la Justicia provincial y federal bahiense. La medida apunta a coordinar esfuerzos, optimizar recursos y lograr resultados más eficaces en el combate contra el narcotráfico. Con ese horizonte, los magistrados y funcionarios judiciales intercambian su visión, ideas e incluso críticas que surgen a partir de la división de las competencias, para luego arribar a una conclusión que permita diseñar un plan de tareas conjunto contra la política criminal.
Y si bien, a nivel nacional queda un largo camino por recorrer para igualar los avances que se registraron en Bahía Blanca, el caso ejemplar de esta jurisdicción se acopla orgánicamente a los pedidos de diálogo que presentamos ante los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Son solicitudes que se realizaron con apremio en cuanto al abordaje de la situación en Rosario.
Desde su estructuración, esta senda que tomó la Justicia de Bahía Blanca se perfiló como una manera óptima de encaminar la cuestión de la venta ilegal de drogas desde una óptica integral. En primer lugar, permitió poner el tema en agenda, generando mayor interés e involucramiento. La determinación contrasta con la desidia que se percibe en torno a la ciudad santafesina, donde las autoridades ejecutivas parecen no querer hacerse cargo de la problemática. Por otra parte, la iniciativa bahiense repercutió positivamente en la toma de conciencia de los habitantes de esa ciudad, además de que involucró a otros actores como las universidades. De esta manera, se refuerza la bajada de línea en lo que refiere a educación, proyectando desde las bases un futuro contundente en materia de lucha contra el narcotráfico.
No es un capricho que distintos sectores del Poder Judicial llamen a implementar este modelo a escala nacional sin invadir competencias, aunque con la certeza de que los jueces y juezas que se desempeñan en las zonas calientes pueden aportar su valiosa experiencia, se trate de Rosario, la frontera con el norte o el conurbano bonaerense. El ejemplo de Bahía Blanca es claro y simple de aplicar porque no se necesita modificar ninguna ley que ponga en marcha los complejos engranajes del Congreso que siempre se dilatan en debates extensos que consumen demasiado tiempo para un flagelo que demanda acciones urgentes.
En efecto, vale recordar que las tareas de prevención, inteligencia y seguridad no corresponden al Poder Judicial. Sin embargo, cada vez que se desbarata a un grupo delictivo, la Justicia investiga y si corresponde, condena y encarcela. Aún así, algunos de los problemas más graves se detectan en el contexto carcelario, donde se siguen cometiendo delitos. A pesar de que el control de estos ámbitos sea responsabilidad del Poder Ejecutivo, excediendo las competencias del Poder Judicial, decidimos mantener una postura de colaboración y diálogo. Y lo hacemos sabiendo que, con el modelo de Bahía Blanca como guía, es posible atacar el narcotráfico solventando el nivel de inactividad que exhiben los otros poderes respecto a cuestiones que perjudican a la ciudadanía en general. (Infobae)
