El Consejo Superior encomendó al Rectorado “el inicio de las acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva implementación” de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de “resguardar los derechos” de la UNS y quienes trabajan en ella.
La decisión surge luego de que, tras el veto presidencial, el Gobierno nacional desoyó la ratificación del Congreso a la sanción de la ley. En rigor, el Ejecutivo la promulgó, pero dejó su aplicación en suspenso bajo el argumento de que el Parlamento debía indicar las partidas a afectar.
La resolución del Consejo Superior de la UNS considera que “tal fundamentación resulta aparente y falaz, en tanto el Poder Ejecutivo gobierna bajo un régimen de presupuesto prorrogado, lo que le otorga amplias facultades para reasignar partidas y disponer de los fondos necesarios para su cumplimiento”.
Para el Consejo Superior de la UNS, el temperamento adoptado por el Ejecutivo “configura, en los hechos, un veto implícito, contrario a la voluntad expresada por más de las dos terceras partes del Congreso de la Nación”, lo que “altera gravemente la división de poderes”. La resolución incluyó una declaración institucional sobre el tema, que puede leerse acá.
De ese modo, el cuerpo resolutivo de la UNS continuó la senda trazada al mediodía del mismo miércoles por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las universidades públicas argentinas.
En plenario extraordinario, el CIN acordó el inicio de reclamos judiciales por la inmediata implementación de la ley, que contempla una actualización de salarios e inversión en funcionamiento a valores reales, contemplando la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
