El abogado Maximiliano Gorg defendió la posición de la influencer Frany Pérez, acusada por una presunta estafa en la venta de entradas para el partido Argentina-Brasil. Según detalló, su clienta transfirió más de 280 millones de pesos a un tercero que ahora es también investigado.
En entrevista con CAFEXMEDIO, Gorg brindó precisiones sobre el estado de la causa judicial que involucra a la influencer.
Según indicó, la Fiscalía continúa con una investigación compleja que ya reúne más de 100 denuncias penales, aunque aclaró que el número de entradas comercializadas fue considerablemente mayor: unas 1.600.
Gorg destacó que, pese al volumen de tickets comprometidos, muchas personas no presentaron reclamos por tratarse de allegados a Pérez: “Familiares, vecinos, amigos que conocen las buenas intenciones de Francisca y saben que no realizó una estafa de forma intencional”.
El abogado hizo énfasis en que no toda responsabilidad en este tipo de situaciones implica un delito penal. “Desde el punto de vista penal, tiene que haber una voluntad directa de estafar. No se puede hablar de estafa si no hay intención”, explicó, y subrayó que hasta ahora no hay elementos que prueben que Pérez haya actuado con dolo.
Uno de los puntos centrales de su defensa es que la joven influencer habría transferido todo el dinero recaudado a un proveedor identificado como Viciniano, quien está siendo investigado por maniobras similares en otras jurisdicciones. “Se han acompañado más de 350 comprobantes de transferencia por un monto total de 280 millones de pesos. Todo lo que ella recibió, lo transfirió”, afirmó Gordo.
Sobre la participación de la hermana de Frany, el abogado aclaró que tuvo un rol secundario, limitado a gestionar pagos cuando Francisca no tenía acceso a determinadas aplicaciones. Aun así, también se presentará a declarar de manera espontánea.
La audiencia clave está prevista para el 21 de mayo. “Ella quiere explicar todo. No ha hecho declaraciones públicas por consejo mío, porque primero hay que hablar con la Justicia. Pero va a contestar todas las preguntas que se le formulen”, detalló el abogado, al tiempo que remarcó que los dispositivos electrónicos, planillas, chats y demás pruebas ya están en manos de la Fiscalía.
Finalmente, Gorg planteó que debe ponerse en perspectiva la figura de su defendida: “Es muy impensable que alguien que vive de su imagen, por una comisión, tire los próximos 20 o 25 años en redes sociales”.
Por ahora, la causa penal continúa en etapa de instrucción. Si la Justicia determinara que no hubo estafa intencional, quedaría habilitado un reclamo civil por parte de los damnificados. No obstante, la querella insiste en que “irá hasta las últimas consecuencias” porque considera que hubo una maniobra dolosa.
