La concejal oficialista Paula Echeverría defendió con firmeza la decisión del gobierno municipal de Bahía Blanca de intervenir en la emergencia provocada por el cierre del Instituto Bahiense de Rehabilitación (INBARE), que dejó sin atención a 70 personas con discapacidad.
En diálogo con CAFEXMEDIO, explicó los fundamentos y alcances de la ordenanza votada por unanimidad en el Concejo Deliberante para garantizar la continuidad de los cuidados a través de la institución IREL.
“No podemos dejar a 70 familias a la deriva, aunque no sea responsabilidad directa del municipio”, afirmó Echeverría. Así, dejó en claro que la decisión del Ejecutivo local de financiar parte del tratamiento de los pacientes, pese a que la responsabilidad primaria recae sobre los niveles provincial y nacional, se justifica en la urgencia humanitaria de la situación.
Un cierre anunciado sin reacción inmediata
INBARE cerró sus puertas el 1° de mayo, tras advertir con meses de anticipación tanto al municipio como a las familias afectadas. El motivo fue la falta de pago y actualización de aranceles por parte de las obras sociales. En su momento no se pedía dinero al municipio, sino su intervención ante Nación, Provincia, PAMI y otras obras sociales para poder cobrar lo adeudado, es decir, que hubo una oportunidad previa para evitar esta crisis.
La concejal admitió que el planteo original no fue atendido con la urgencia necesaria, aunque defendió la reacción actual: “Lo importante es que estas personas puedan seguir sus tratamientos, y que el municipio esté generando tiempo para que las gestiones con Nación y Provincia prosperen”.
El rol de IREL y la intervención “excepcional”
Según explicó Echeverría, IREL fue el único centro de día que se ofreció a absorber la atención de los pacientes, lo que derivó en un convenio con el Ejecutivo municipal. Este convenio, aprobado por ordenanza, establece que el municipio cubrirá la diferencia entre lo que pagan las obras sociales y el costo real del tratamiento por un plazo de seis meses, con posibilidad de extenderse por otros seis.
La edil también aclaró que IREL aún no cuenta con habilitación como centro de día, pero que se trabajará para regularizar esa situación “por la vía administrativa” y en un marco de “emergencia excepcional”. “Es una institución con 67 años de trayectoria, y se acompañarán las gestiones para su habilitación definitiva”, sostuvo.
Posibles incompatibilidades y transparencia
Consultada sobre supuestas incompatibilidades entre funcionarios municipales y su vínculo con IREL, Echeverría negó cualquier conflicto de intereses: “Hasta donde me consta, se trata de un rol técnico que dejó de ejercer al asumir funciones en el municipio. De todos modos, se darán todas las aclaraciones necesarias para llevar tranquilidad”.
Además, remarcó que el convenio aprobado incluye mecanismos de control: auditorías mensuales, reportes trimestrales al Concejo Deliberante y evaluación de costos basada en indicadores oficiales (IPC Salud e INDEC).
La deuda pendiente con la discapacidad
La concejal fue enfática en señalar que el problema trasciende a Bahía Blanca: “Si esto está pasando en nuestros centros de día, es porque hay algo dentro de las políticas provinciales y nacionales que también tiene que ser atendido. Y es nuestra responsabilidad como representantes locales expresar con fuerza esa necesidad”.
Echeverría concluyó reconociendo que la solución es temporal, pero necesaria: “No desconocemos que esto debió haberse anticipado. Pero hoy no podemos mirar para otro lado”.
