La diputada María Belén Malaisi busca relevar los fondos públicos que son distribuidos en las escuelas de gestión privada. También plantea que el subsidio estatal no pueda ser embargado si eso impide el pago de salarios y cargas previsionales de los docentes
La diputada bonaerense, Belén Malaisi, integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 137° de la Ley de Educación provincial (Ley 13.688), con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre los colegios privados que reciben subsidios del Estado.
La propuesta, establece la creación de un registro público de las escuelas privadas con subvención estatal y fija nuevos criterios que deberán cumplir aquellos establecimientos educativos que soliciten aportes del Estado para afrontar el pago de los salarios de los docentes o las cargas laborales.
Además, Malaisi propuso que todos los colegios privados que reciban aportes estatales deban colocar cartelería visible en el ingreso de sus instalaciones. Esa señalización debe dejar en claro que la institución, aunque funcione bajo gestión privada, recibe fondos públicos aportados por todos los bonaerenses.
En relación al registro público anual que debería realizar la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que conduce Alberto Sileoni, la diputada propone que el listado detalle los nombres de todas las escuelas de gestión privada que reciben algún tipo de subvención estatal, junto con el porcentaje de ayuda otorgado.
Al respecto, la legisladora radical sostuvo que el Estado no puede renunciar al control sobre la educación, ya sea estatal o privada, y remarcó la importancia de garantizar el acceso a la información sobre el destino de los recursos públicos. “La ciudadanía tiene derecho a conocer qué establecimientos privados se financian con fondos públicos”, afirmó Malaisi en los fundamentos del proyecto.
En paralelo, la iniciativa también plantea que el subsidio estatal no pueda ser embargado si eso impide el pago de salarios y cargas previsionales de los docentes. Para conservar el beneficio, los colegios privados deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por la ley y su reglamentación.
Ante este panorama, Malaisi destacó que el nuevo marco legal debe tomar en cuenta diversos aspectos al momento de asignar los aportes del Estado. En este sentido, la diputada provincial señaló la importancia de evaluar el impacto comunitario de cada institución, su tipo de gestión y el valor de las cuotas que percibe.
Vale mencionar que, en la actualidad, funcionan más de 5.500 establecimientos de gestión privada en la provincia de Buenos Aires, mientras que una parte considerable de ellos recibe aportes estatales para garantizar su sostenimiento. Con esta nueva iniciativa, Malaisi busca aportar herramientas para transparentar el uso de esos recursos y asegurar que los fondos públicos lleguen a las instituciones que realmente lo necesitan.
Semanas atrás, Belén Malaisi ya había impulsado un proyecto con el objetivo de solicitar al Ejecutivo bonaerense información precisa sobre la cantidad de escuelas de gestión de privada, dentro de la Ley 13.688. que funcionan en la provincia. En ese texto, la legisladora pidió que se detalle la ubicación de cada institución, desagregada por distrito y región educativa, y que se identifique su tipo de gestión institucional.
En esa misma línea, la diputada también solicitó que se clasifiquen las escuelas privadas según su pertenencia jurídica y propuso que el gobierno de Axel Kicillof informe si las instituciones dependen de órdenes confesionales, asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, cooperativas o empresas, con el fin de confeccionar un mapa exhaustivo de la oferta educativa privada en el territorio bonaerense.
“En virtud de que la provincia, como Estado, no renuncia al control y a la responsabilidad sobre la educación, ya sea pública o privada, es que como poder legislativo necesitamos conocer los establecimientos de gestión privada en cada uno de nuestros distritos y regiones”, fundamentó Malaisi.
Asimismo, la dirigente parlamentaria reclamó información sobre posibles sanciones, suspensiones o clausuras de subsidios estatales a colegios privados dispuestas por la actual administración provincial.
En ese contexto, Malaisi remarcó que, Ley de Educación vigente establece penalidades claras sobre incumplimientos que se reflejan en particular en los artículos 131 y 144, por lo cual es imperioso conocer en profundidad el universo de las instituciones de gestión privada.
