El documento fue elaborado por especialistas y enviado al gobierno y a ambas cámaras del Congreso. Se enumeran varios aspectos que deberían modificarse para obtener la licencia habilitante, para que sea un proceso más simple pero también más seguro, y que contribuya en reducir los siniestros en la vía pública
Un grupo de expertos en seguridad vial tomó las iniciativas de la diputada Patricia Vasquez y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de modificar el proceso de renovación de las licencias de conducir en la Argentina, para redactar un informe en el que proponen una reforma mucho más profunda, en la que se hace especial hincapié en el modo de acceder a la primera licencia.
El proyecto de Ley de la legisladora del Pro, en base al cual trabaja el gobierno, busca que la renovación sea un trámite virtual y gratuito, y en el que la certificación del estado psicofísico de los conductores sea una declaración jurada emitida por un profesional de la salud homologado para tal fin. Lo que se pretende es ahorrarle tiempo y trámites burocráticos a los usuarios, a la vez de reducir costos que sólo alimentan cajas recaudatorias.
Los expertos apoyan la argumentación, coinciden en reconocer que los ciudadanos tienen una buena predisposición hacia las desregulaciones en general y la simplificación de trámites, pero también proponen ir un poco más allá, poniendo como foco de análisis que esas medidas ofrezcan una posibilidad real de mejora para la seguridad vial.
Los profesionales que confeccionaron el documento son Horacio Botta Bernaus, Fabián Pons, Osvaldo Aymo y Marcelo Duquez, todos ellos con una vasta experiencia tanto en el sector público como privado, así como también en la docencia y publicaciones.
“Es necesario evitar que la propuesta de cambio radical en el sistema de licencia de conducir se funde únicamente en cuestiones económicas, de corrupción o burocracia, incorporando la indispensable visión superadora de la seguridad vial”, expresan a modo de introducción en el informe que fue remitido este martes a las oficinas de la diputada Vásquez y el ministro Sturzenegger, pero también a la presidente de la Cámara de Senadores, Victoria Villaruel, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El documento resalta que “el proceso de obtención de la licencia de conducir constituye el primer eslabón de una cadena esencial para lograr una movilidad segura”, y hace una mención especial a que “parte de la complejidad y diversidad en la forma de obtener una licencia de conducir en la Argentina tiene su origen en que los constituyentes omitieron delegar al Congreso Nacional la facultad de dictar un único código de tránsito terrestre, razón por la cual cada provincia mantuvo la potestad de poder dictarse su propia legislación vial”, a pesar de lo cual consideran que es posible construir consensos y aprobar normas mínimas para todas las jurisdicciones.
La propuesta de los expertos tiene 16 puntos técnicos que consideran fundamentales para una mejora del sistema de otorgamiento de licencias de conducir, entre los cuales se encuentran los siguientes:
El procedimiento debe garantizar simplicidad, transparencia, profesionalidad, máxima exigencia, objetividad, y razonabilidad.
El otorgamiento de la licencia de conducir debe seguir siendo una facultad exclusiva del Estado, sin perjuicio que en cuestiones técnicas puede incluirse en el proceso a instituciones y/o profesionales especialistas que aseguren los objetivos.
No debe confundirse período de vigencia de la licencia de conducir con irrevocabilidad o derecho adquirido vitalicio; lo que se debe superar es la idea de la limitación temporal.
Perfil laboral del personal que recepte los exámenes teóricos y prácticos, con título o formación profesional vinculado a la temática.
La obtención de la primera licencia de conducir debe ser el momento trascendente, en donde el Estado tiene que concentrar todos los recursos técnicos, predisponer los procesos de calidad más exigentes y un alto estándar de profesionales que participen en las evaluaciones.
Un proceso efectivo de obtención de la primera licencia permitiría que la primera renovación no sea necesaria antes de los diez (10) años, o incluso más en personas de menos de 45 años.
En caso de suspensión o cancelación de la licencia, se deberían repetir todos los exámenes de primera licencia una vez que se cumpla el vencimiento de la sanción.
Si se generaran reiteradas infracciones o participación en una cantidad excesiva de siniestros viales, deberían revalidarse los conocimientos teóricos del conductor.
No resulta conveniente, que la renovación de las licencias pueda denegarse por multas pendientes de pago, aunque ello corresponda ante sentencia firme dispuesta por juez o tribunal competente
Debe acordarse la existencia de una sola licencia de conducir en todo el país, sujetas a un mismo procedimiento de obtención.
Establecer, para la primera licencia, un modelo de revisión psicofísica vinculada a las aptitudes y capacidades para conducir vehículos, a lo que se agrega una declaración jurada del propio aspirante, en la que debe comunicar inmediatamente al centro emisor cuando esas aptitudes se vean disminuidas o perdidas.
Potenciar la base de datos vinculados a los antecedentes de tránsito, en donde pueda accederse a las infracciones labradas, las sentencias firmes en materia contravencional y penal, y los siniestros viales con lesionados o muertes en los que se haya intervenido.
El documento también menciona la necesidad de incorporar tecnología como los simuladores para mejorar la calidad y la efectividad del proceso de aprendizaje, además de proponer que se fomenten más academias privadas, pero con control estatal de calidad a cargo de profesionales y las herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza.
Finalmente, y en busca de mantener los costos lo más accesibles que sea posible para los usuarios, el texto menciona que sería conveniente no permitir el agregado de impuestos, tasas o sellos que no tengan directamente que ver con los servicios que se requieran para la obtención de la licencia. También, en función de la misma temática económica, sugieren el autofinanciamiento del sistema, lo que impediría que los fondos obtenidos ingresen a rentas generales y se desfinancie el programa. (INFOBAE)
