Se trata de un proyecto de ordenanza presentado en Coronel Pringles por la gestión de Lisandro Matzkin. Si no pagan, les cortarán los beneficios municipales.
El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, sorprendió en las últimas horas al anunciar el envió al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza con el que pretende cobrarle los gastos de salud generados en el Hospital municipal a quienes causen accidentes de tránsito por imprudencia.
Según explicó el alcalde PRO-libertario en conferencia de prensa, la iniciativa apunta a que conductores que manejen alcoholizados, drogados o responsables de maniobras peligrosas tengan que pagar por su atención en el nosocomio.
“El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos” advirtió al presentar el proyecto denominado “Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito”.
Los gastos serán facturados a las obras sociales y, en caso que el responsable del siniestro no posea cobertura deberá pagar con plata de su bolsillo
“Los vecinos pagan sus impuestos y tasas, y no hay derecho de que alguien, por su conducta absolutamente irresponsable y lesiva, use los recursos de los demás para curarse” consideró.
La medida se conoce en medio de las dificultades de los municipios para hacerse cargo de los servicios de salud ante la baja de recursos coparticipables, deudas y el sensible aumento de la demanda en el sistema público de salud.
En ese marco, el jefe comunal informó que en 2025 el municipio atendió seis casos del tipo que se intenta sancionar que representaron gastos de entre los 10 y 40 millones de pesos por paciente, lo que representa una suma de alrededor de 150 millones de pesos.
¿Qué pasa para quien se niegue a pagar?
Para quienes se resistan a abonar los gastos, el proyecto del Ejecutivo de Coronel Pringles establece varios tipos de sanciones.
Entre ellas, la suspensión de todos los programas y ayudas municipales que reciba el infractor o la inhabilitación para participar de sorteos o listados de viviendas sociales.
Si el infractor es menor de edad, la deuda y las sanciones (como la quita de beneficios) recaerán directamente sobre su grupo familiar.
El Municipio podrá emitir un certificado de deuda para iniciar demandas legales y embargos de manera ágil.
