El senador bonaerense Alex Campbell, ingresó a la Legislatura un proyecto que busca crear el Banco Provincial de Cámaras Privadas de Seguridad, una herramienta que permitiría registrar y georreferenciar los dispositivos de videovigilancia privados que apunten hacia la vía pública y espacios de acceso común, con el objetivo de reforzar la prevención del delito, la seguridad, y facilitar la actuación judicial en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso mencionar que, la iniciativa que lleva la firma de Campbell propone que todas las cámaras de seguridad privadas ubicadas en espacios visibles o accesibles al público, como calles, veredas, estaciones de servicio, bancos, supermercados, comercios, empresas de transporte, grandes superficies y consorcios de edificios, sean obligatoriamente inscriptas en una base de datos provincial.
Además, la propuesta que ingresó al Senado de la provincia de Buenos Aires contempla un protocolo estricto que garantice el acceso legal a las imágenes registradas por las cámaras privadas, con el objetivo de contribuir a la seguridad de los bonaerenses y agilizar las medidas judiciales.
Según establece el texto de Campbell, el registro será gestionado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, e incluirá información clave como la localización exacta de cada cámara, su cobertura, tipo de dispositivo, capacidad de almacenamiento de imágenes y el responsable de su mantenimiento.
En tanto, el proyecto no implica que las cámaras privadas deban ofrecer monitoreo en tiempo real ni acceso directo a las grabaciones, aunque de aprobarse en la Legislatura bonaerense sí permitirá que, en caso de investigaciones judiciales o delitos cometidos en la zona, las autoridades puedan solicitar legalmente el material filmado.
Por su parte, Campbell explicó que la propuesta busca optimizar recursos existentes sin vulnerar derechos, ya que en la mayoría de las ciudades bonaerenses existe una alta densidad de cámaras privadas instaladas con fines comerciales o residenciales. “El Estado no puede estar en todos los rincones, pero sí puede articular con el sector privado en el marco de la ley y con la debida protección de la privacidad”, argumentó el legislador.
En ese sentido, el proyecto detalla que el acceso a las imágenes sólo podrá realizarse mediante orden judicial o por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, y que cualquier intervención deberá respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, finalidad y seguridad en el tratamiento de datos personales. Además, deberán preservar la cadena de custodia de las grabaciones y evitar el uso arbitrario o indebido de las mismas.
Sin embargo, la inscripción en el Banco Provincial de Cámaras Privadas de Seguridad será obligatoria para una larga lista de actores que hoy ya cuentan con sistemas de videovigilancia, entre ellos bancos y entidades financieras, supermercados, estaciones de servicio, empresas de transporte, centros de salud privados, establecimientos educativos privados, industrias con áreas de carga y descarga, clubes y galerías comerciales.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley que lleva la firma de Campbell alcanza a entidades particulares o consorcios que instalen cámaras en propiedades privadas cuyos lentes estén orientados a espacios comunes o públicos, y establece que el Ministerio de Seguridad deberá elaborar, en un plazo de 90 días desde su sanción, un reglamento técnico que determine las especificaciones necesarias para la inscripción, incluyendo estándares de calidad de imagen, tiempos mínimos de almacenamiento, protección de datos y condiciones de acceso a la plataforma.
En tanto, las sanciones previstas por incumplimiento a la ley incluyen apercibimientos, multas de hasta mil Unidades Fijas (UF), y, en casos más graves, la clausura preventiva del establecimiento que no respete la normativa. Además, la propuesta invita a los municipios a adherir a la norma, para generar una red de colaboración integral entre jurisdicciones locales y el gobierno provincial.
Desde el entorno del legislador indicaron que la iniciativa ya fue girada a las comisiones de Seguridad, Asuntos Municipales y Legislación General de la Legislatura bonaerense, y que esperan lograr consenso con otros bloques para darle pronto tratamiento en el recinto. “No se trata de avanzar sobre derechos individuales, sino de establecer un marco que nos permita aprovechar la infraestructura existente para mejorar la seguridad de todos”, remarcaron.
Por último, el proyecto incluye una cláusula transitoria que otorga un plazo de 180 días desde la reglamentación para que los actores obligados completen el registro de sus respectivas cámaras privadas, y prevé la posibilidad de actualizar periódicamente la base de datos, junto con la creación de convenios con otros organismos para la capacitación y auditoría del sistema. (diputadosbsas)
