El diputado provincial, Andrés De Leo presentó un proyecto de ley para avanzar con la municipalización del agua y las cloacas. La propuesta contempla una auditoría integral, un convenio entre Provincia y Municipio y que Bahía Blanca no absorba automáticamente las deudas y pasivos de ABSA.
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley para avanzar con la municipalización del servicio de agua y cloacas en Bahía Blanca y sacar a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) de la prestación local.
La iniciativa fue presentada este miércoles en la Legislatura bonaerense y establece que el Poder Ejecutivo provincial podrá instrumentar la exclusión de ABSA de la concesión sanitaria correspondiente al distrito y transferir al Municipio la jurisdicción sobre la prestación.
“Ahora depende de la decisión del gobernador Kicillof y del intendente Susbielles que ABSA se vaya de Bahía Blanca y deje de prestarnos el servicio”, sostuvo De Leo.
El legislador cuestionó la calidad de la prestación y afirmó que los vecinos “estamos cansados de un servicio que no está a la altura de lo que necesitamos”.
El Municipio debería aceptar el traspaso
El proyecto establece que la municipalización no sería automática. Para concretarla, la Municipalidad de Bahía Blanca debería aceptar expresamente la transferencia mediante una ordenanza del Concejo Deliberante.
Luego, Provincia y Municipio tendrían que firmar un convenio para establecer las condiciones jurídicas, económicas, financieras, patrimoniales, técnicas, operativas, ambientales y laborales del traspaso.
El objetivo sería garantizar la continuidad y regularidad del servicio, además de preservar su carácter universal y su sustentabilidad.
Auditoría antes del traspaso
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la realización de una auditoría integral e independiente antes de la firma definitiva del convenio.
El estudio debería determinar, entre otros aspectos, el estado y capacidad de la infraestructura, las pérdidas físicas y comerciales, la capacidad de captación, potabilización, almacenamiento y distribución del agua.
También debería analizar el estado de las redes cloacales y de los sistemas de tratamiento, además de establecer las inversiones necesarias en el corto, mediano y largo plazo.
La iniciativa busca así contar con un diagnóstico previo antes de definir las condiciones concretas de la transferencia.
Qué pasaría con las obras y las deudas
El proyecto establece que el cambio de gestión no podrá utilizarse para suspender o modificar las obligaciones asumidas previamente por la Provincia, ABSA u otros organismos respecto de obras e inversiones destinadas al sistema sanitario de Bahía Blanca.
A su vez, plantea que el Municipio no debería recibir automáticamente las deudas, obligaciones, contingencias, sanciones, pasivos ambientales o reclamos judiciales y extrajudiciales generados antes de la transferencia.
La asignación de esas obligaciones debería quedar expresamente definida en el convenio.
También se prevé la elaboración de un inventario de bienes, un régimen para la infraestructura compartida, un programa de transición y un esquema de financiamiento.
Infraestructura regional
La propuesta contempla además una diferencia entre los bienes destinados exclusivamente al servicio local y aquellos que forman parte de la infraestructura hídrica regional.
En ese sentido, el proyecto excluye de una transferencia dominial automática al Dique Paso de las Piedras, sus fuentes de captación, acueductos troncales, plantas, estaciones y otras instalaciones que integren sistemas regionales y abastezcan a Bahía Blanca y a otros municipios.
Continuidad laboral
En materia de personal, la iniciativa establece que cualquier transferencia deberá respetar la legislación laboral y los convenios vigentes.
La propuesta contempla preservar la antigüedad, remuneraciones, categorías y derechos previsionales adquiridos de los trabajadores involucrados.
De esta manera, De Leo busca habilitar una alternativa de gestión local del servicio, aunque bajo un esquema que preserve la infraestructura regional y determine previamente las responsabilidades económicas y patrimoniales de cada jurisdicción.
El proyecto se suma a una discusión que viene tomando fuerza en Bahía Blanca a partir de los problemas recurrentes en la prestación de agua y cloacas.
