Para solucionar la problemática de la superpoblación de personas privadas de libertad en comisarías de Bahía Blanca se firmó un protocolo entre los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Comité Permanente de Seguimiento del Departamento Judicial local y la APCS (Autoridad de Implementación y Seguimiento del Programa del Cumplimiento de la Sentencia), que depende de la Suprema Corte de Justicia.
La rúbrica del protocolo se efectuó en la Unidad Carcelaria N° 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde fue remodelado de manera integral un pabellón con capacidad de 40 plazas, que será destinado para alojar a los detenidos de las seccionales policiales.
Además, en la Unidad Penitenciaria N° 19 de Saavedra se van a alojar a las mujeres detenidas que actualmente se encuentran en comisarías.
El protocolo fue firmado por el subsecretario de APCS, Leandro Gáspari, en representación de la Suprema Corte de Justicia, el Jefe del SPB, Xavier Areses, los jueces de la Cámara de Bahía Blanca, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri, el Fiscal General Departamental, Juan Pablo Fernández, el Jefe de la Departamental Local de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Gonzalo Sandobal, los secretarios de Cámara Juan Cumiz y Maria Clara Gabella y la secretaria de la Defensoría General, Julieta Lazarte, Lucas Alba de la APCS y la Directora General de Asistencia y Tratamiento del SPB, Alejandra Romano.
La iniciativa contó con el apoyo del gobierno municipal y se coordinaron acciones con la Secretaría de Seguridad.
Se trata de una medida que impacta en la seguridad ciudadana ya que los policías abocados a la custodia de detenidos en las seccionales policiales ahora podrán cumplir funciones de prevención del delito.
Se destaca que en el marco del fallo Verbitsky, la Suprema Corte estableció “el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas privadas de libertad y sustituirlas en lo pertinente y sustancialmente por las Alcaidías conforme al plan de construcción aprobado y en ejecución por el Poder Ejecutivo”.
En los departamentos judiciales en los que aún no se construyeron alcaidías (centros de detención en los que las personas aprehendidas son alojadas hasta que se les dicta la prisión preventiva), se ha adoptado el esquema en el que se destina un pabellón de alguna Unidad Penitenciaria para que cumpla esa función.
Protocolos similares ya se rubricaron en las localidades bonaerenses de San Nicolás, Junín, Pergamino, Azul y Batán (sector femenino).
En el protocolo se indica que “estas estrategias, formuladas a través del diálogo y consenso con autoridades judiciales, policiales, penitenciarias y municipales, persiguen objetivos fundacionales con miras a alcanzar niveles suficientes de eficacia en las metas impuestas que permitan evitar escenarios de regresividad, tales como: 1) disminución de la población detenida en dependencias policiales; 2) optimización del rendimiento operativo de las dependencias policiales, alcaidías departamentales y establecimientos penitenciarios; 3) modificación de rutinas institucionales disvaliosas, promoviendo una cultura de gestión eficiente y respetuosa; y 4) fortalecimiento de la articulación interinstitucional entre los actores del sistema”.
En lo que respecta al Departamento judicial de Bahía Blanca cabe destacar que desde de abril de 2024 se han adoptado medidas coordinadas entre el Comité Departamental (integrado por un juez de la Cámara, el fiscal general y el defensor general), la APCS, el SPB y el Ministerio de Seguridad con miras a implementar el esquema que ha permitido reducir la población alojada en dependencias policiales, con un impacto directo en los niveles de sobrepoblación y en los tiempos de permanencia.
Así, al día 5 de noviembre de 2025, se encontraban alojadas en establecimientos policiales sitos en el departamento judicial un total de 43 personas, distribuidas en doce dependencias, de las cuales sólo dos se encontraban excedidas en su capacidad respecto de los camastros existentes.
Asimismo, se advierte que 41 personas se encontraban detenidas allí por menos de 30 días, mientras que dos habían superado los 30 días de permanencia.
Previo a la firma del protocolo se realizó una recorrida por las instalaciones de la cárcel, en la que las autoridades transitaron por el pabellón mencionado, los talleres, el anexo femenino y el sector donde se trabaja con los internos drogadependientes.
