El pedido fue realizado mediante un proyecto de comunicación por el concejal por Juntos, Adrián Jouglard.
Exhortando al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a derogar el Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, y restablecer la normativa previa a la pandemia, haciendo efectiva la prohibición de la tenencia de teléfonos celulares, tiene por finalidad un proyecto de resolución presentado por el concejal Adrián Jouglard.
Fundamente dentro de la iniciativa, que “las causas que motivaron el dictado del Protocolo, establecidas en la sentencia dictada por el doctor Víctor Horacio Violini, Vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, en la causa “Detenidos alojados en la UP N°9 de La Plata s/ Habeas Colectivo”, no se constatan en la actualidad”.
“En el artículo segundo de la sentencia se autoriza el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la Provincia durante el período en que subsista la situación de pandemia y vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, señala Jouglard.
Resalta, “es inexplicable que el Gobierno Provincial se tome la atribución de hacerlo extensivo más allá de lo estipulado por el Tribunal de Casación Penal”.
Describe el autor del proyecto, que “el riesgo de que se cometan actos delictivos, a partir de la utilización de celulares por parte de los presos, se ha materializado en innumerables oportunidades a través de secuestros virtuales, amenazas, coordinación de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios, perpetración de atentados a la autoridad coordinados desde estos dispositivos, amenazas a miembros del poder judicial y testigos, planificación de evasiones y últimamente sicariatos, intimidaciones, etc”.
Concluye Adrián Jouglard, “es imperioso restablecer la vigencia de la normativa que regía con anterioridad a la pandemia, cumplimentando correctamente la resolución del Tribunal de Casación Penal, y teniendo en cuenta el riesgo concreto que significa la tenencia de teléfonos celulares para la seguridad ciudadana”.
