Las expresiones reactivaron el debate por la baja de la edad de imputabilidad. “La ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes, pero a mí me interesa los que están entrando en el sistema criminal”
Las declaraciones del exsubjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, reactivaron el debate por la baja de la edad de imputabilidad en plena discusión del Régimen Penal Juvenil en el Congreso. Con definiciones contundentes, el ex comisario puso el foco en la prevención y en la intervención sobre los entornos familiares de riesgo.
En una entrevista radial, Baratta sostuvo que, según su experiencia en casos de delitos graves cometidos por adolescentes, “el 70 por ciento de los menores terminan muertos”. La afirmación se dio mientras la Cámara de Diputados avanzaba con la media sanción del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El exjefe policial cuestionó la eficacia de los institutos actuales y aseguró que el sistema no logra revertir las trayectorias delictivas. “En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia”, expresó el exfuncioanrio, al señalar que muchos jóvenes regresan a contextos de violencia y reincidencia.
En ese sentido, Baratta planteó que el problema excede la discusión sobre la edad de punibilidad y que la reforma debería ir acompañada de cambios estructurales. “La ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes, pero a mí me interesa los que están entrando en el sistema criminal”, indicó.
En esa línea, el exsubjefe reclamó una legislación complementaria que permita intervenir en los casos donde existan situaciones familiares de riesgo. “Tenemos que acompañar esta ley con una ley mucho más drástica, que el menor que está en peligro en el seno familiar sea sacado de esa familia, sea puesto en una familia de guarda”, afirmó.
El exsubjefe de la Policía Bonaerense también señaló que el Estado identifica escenarios de vulnerabilidad, pero no actúa con la suficiente anticipación, ya que su entender, la falta de intervención temprana facilita que niños y adolescentes ingresen progresivamente en circuitos delictivos.
Las declaraciones de Baratta aportan una mirada centrada en la prevención y en la necesidad de políticas públicas integrales. El planteo del exfuncionario apunta a combinar eventuales modificaciones en el Régimen Penal Juvenil con herramientas de protección social que interrumpan la continuidad generacional del delito.
Mientras el proyecto continúa su trámite legislativo, la discusión pública se amplía más allá de la edad de imputabilidad y suma cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de contención estatal y las estrategias de acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley penal. (diputadosbsas)
