El Ejecutivo argumenta que ya impulsó el 1 de abril la creación de un fondo con el mismo monto y finalidad. Se distribuyeron más de $100.000 millones y el sobrante se derivó a otros municipios que sufrieron inundaciones, como Zárate y Campana.
El Gobierno deslizó que vetará la ley que crea un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca. Se trata de la iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de mayo y luego fue aprobada la noche del 4 de junio en la Cámara de Diputados con 153 votos afirmativos y 32 negativos. El límite para que Nación firme el rechazo vence este lunes y no descartan hacerlo de forma parcial.
En el Ejecutivo argumentan que ya impulsaron el 1 de abril la creación de un fondo de $200.000 millones con esa finalidad desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad que preside Patricia Bullrich.
Según pudo saber TN, se distribuyeron más de $100.000 millones y el sobrante se derivó a otros municipios que sufrieron inundaciones, como fueron los casos de Zárate y Campana.
En la Casa Rosada reconocen que estudian no vetar la declaración de emergencia de Bahía Blanca y de Coronel Rosales por un plazo de 180 días porque no requiere la utilización de fondos públicos. Sin embargo, en Balcarce 50 mantienen la postura de que rechazarán todas las medidas que “atenten contra el equilibrio fiscal”. “Nación ya se hizo cargo de la asistencia en el momento del desastre. El Congreso llega tarde”, expresan en el oficialismo.
El proyecto fue impulsado por los senadores Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria), Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal). En Diputados contó con el apoyo del PRO, el Frente de Izquierda, MID, Liga del Interior, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros. Todos los legisladores de La Libertad Avanza se opusieron.
El documento propone crear un fondo especial de $200.000 millones en la órbita de la jefatura de gabinete -que preside Guillermo Francos- para “atender los daños ocurridos en ocasión de la emergencia declarada” y ordena que se constituya en los treinta días próximos a la promulgación de la ley en el boletín oficial, que no ocurrió.
El segundo artículo expresa que las asignaciones se destinarán a “otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada y para la reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos”.
Además, incluye subsidios para familias cuya vivienda haya sido afectada total o parcialmente a causa de las inundaciones, junto con asistencia para la reconstrucción de infraestructura edilicia, vial e hídrica. Contempla también créditos destinados a pequeñas y medianas empresas afectadas. “El recupero deberá ser reinvertido en la misma zona geográfica en que fueron otorgados los préstamos”, manifiesta el documento.
El quinto artículo fija un período de gracia de 180 días en contratos civiles y comerciales, operaciones bancarias y financieras, junto con ejecuciones hipotecarias, prendarias y judiciales para todos los damnificados que hayan “perdido totalmente su fuente de ingreso”.
El Gobierno confirmó que vetará además el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad -que fueron votados en la misma sesión- en caso de que logren sanción completa en el Senado. Es por eso que apunta a negociar con bloques y gobernadores aliados para lograr adhesiones, de forma de que pueda sostener los vetos en Diputados.
