No obstante que el cronograma electoral señala que la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre recién podrá iniciarse el 22 de septiembre, es evidente que la realidad indica que la misma ya ha comenzado.
En este marco, el candidato presidencial del peronismo fatiga los medios anunciando posibles medidas de gobierno en caso de asumir la presidencia. Y así, en una entrevista televisiva, al preguntársele si el régimen venezolano era una dictadura, negó esa calificación sosteniendo que la misma no puede ser aplicable a un gobierno elegido popularmente y cuyas instituciones están funcionando normalmente, aunque admitiendo que sí podría ser definido como un gobierno autoritario, pero sin brindar argumento alguno en torno a esa definición.
Los dichos de Fernández pueden entenderse en su afán de congraciarse con su compañera de fórmula -acérrima defensora del gobierno venezolano- pero contrastan con la realidad tal como ha sido expuesta por todos los gobiernos y organismos internacionales. Caso contrario, cabría concluir en que su confusión intelectual en materia de teoría política no se condice con su autoproclamada fama académica.
1° Soslaya Fernández una primera distinción entre legitimidad de origen y de ejercicio. La primera se refiere a la que ostenta un gobierno democráticamente elegido conforme a las reglas de sucesión y a través del voto universal y secreto en elecciones libres de toda manipulación o fraude. Por su parte la segunda alude al desempeño real y efectivo del poder de quien ha sido legítimamente electo y su apego a la Constitución y al Estado de Derecho, en cuanto al funcionamiento de las instituciones y al ejercicio de los derechos y garantías de los habitantes. Siendo así, un gobierno puede gozar de legitimidad de origen pero en el uso del poder ir disminuyendo hasta perder totalmente su legitimidad de ejercicio, convirtiéndose en un régimen autoritario o totalitario. El acceso al poder de Hitler se produjo mediante elecciones democráticas pero su legitimidad de ejercicio fue vaciada hasta convertirlo en el dictador y genocida que la humanidad conociera. Por ello, yerra Fernández cuando afirma que un gobierno legítimamente elegido no puede ser calificado como una dictadura totalitaria, desconociendo el distingo recién analizado y además, pretendiendo sostener que en Venezuela las instituciones funcionan normalmente. Un dictador puede surgir, entonces, ya directamente de un golpe de Estado o bien de elecciones democráticas al aniquilar la legitimidad de origen mediante el apartamiento de su misma legitimidad de ejercicio.
2° Pero aún admitiendo Fernández -tibiamente- que el régimen venezolano sería de sesgo autoritario, la calificación acertada lo inscribe como un gobierno totalitario cuyas características exceden largamente a los sistemas autoritarios. En efecto: el régimen autoritario caracteriza una organización política en la cual “un único detentador del poder -una sola persona o ‘dictador’, una asamblea, un comité, una junta o un partido- monopoliza el poder político sin que le sea posible a los destinatarios del poder una participación real en la formación de la voluntad estatal. El único detentador del poder impone a la comunidad su decisión política fundamental, esto es, la ‘dicta’ a los destinatarios del poder…En general, el régimen autoritario se satisface con el control político del Estado, sin pretender dominar la totalidad de la vida socioeconómica de la comunidad…La exclusión de los destinatarios del poder de la participación en el proceso político no es incompatible de otros órganos estatales junto al supremo detentador del poder, especialmente de una asamblea o tribunales. Pero es característico del régimen autoritario que estos órganos separados, o bien están sometidos al control total del único detentador del poder, o en caso de conflicto con éste están obligados a ceder”
En cambio, el régimen totalitario “aspira a modelar la vida privada, el alma, el espíritu y las costumbres de los destinatarios del poder de acuerdo con una ideología dominante, ideología que se impondrá a aquellos que no se quieran someter libremente a ella, con los diferentes medios del proceso del poder. La ideología estatal vigente penetra hasta el último rincón de la sociedad estatal; su pretensión de dominar es ‘total’. Es evidente que un estado totalitario solo puede operar por medio de la orden y de la obediencia. El instrumento más importante para imponer la conformidad con los principios ideológicos es el aparato policíaco, omnipresente y omnisciente, que garantiza la seguridad del régimen y acaba con cualquier resistencia potencial…Otro elemento indispensable del ejercicio del dominio es el partido único, que opera no solo como el voluntario aparato policíaco sobre la base más amplia, sino también como el instrumento que dirigido por el Estado servirá para adoctrinar, coordinar e integrar ideológicamente a la comunidad política” (Karl Loewenstein)
3° A la luz de este esquema, fácil es concluir en que el régimen venezolano es un sistema totalitario ejercido por un dictador. Según el informe de Michelle Bachelet (Alta Comisionada de DD.HH de la ONU) en ese país se han llevado a cabo casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales desde enero de 2018 a la fecha, ya sea por fuerzas regulares como paramilitares. Igualmente, un documento de la OEA denuncia que se han cometido al menos 7 de 11 crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y que asimismo se han registrado miles de detenciones arbitrarias con la complicidad de autoridades judiciales así como cientos de casos de torturas; el uso de la desaparición forzada como método represivo y el sometimiento de civiles a tribunales militares. La propiedad privada ha sido avasallada mediante “expropiaciones” ilegales al igual que ocurriera con los medios de prensa independientes cuyos bienes fueran decomisados y sus periodistas encarcelados. El funcionamiento de los poderes estatales no tiene nada de democrático ya que, por una parte, un sistema democrático supone la existencia de elecciones libres, el debido control del Parlamento sobre el gobierno y el funcionamiento de órganos judiciales independientes, nada de lo cual acontece en Venezuela. Por el contrario, la Asamblea Nacional que ejercía el Poder Legislativo fue recortada en sus atribuciones y las mismas fueron usurpadas por el Tribunal Superior de Justicia; en tanto que luego fue creada la Asamblea Nacional Constituyente con el falso propósito de modificar el texto constitucional, ya que de inmediato se convirtió en un órgano legislativo sin límite alguno y cuyos miembros fueron designados en una fraudulenta elección, denunciada por la empresa Smartmatic (¿les suena el nombre?) quien consignó más de un millón de votos de diferencia entre las cifras reales y las validadas por el gobierno. Por otra parte, basta acudir a los medios para verificar cómo se produce el efecto “totalitario”: las convocatorias populares obligatorias que se celebran en grandes espacios abiertos, permiten apreciar el lenguaje “bolivariano” que pretende erigirse como una doctrina nacional, aunque nunca ha sido precisada en su alcance, mientras el pueblo que aplaude sin cesar a su líder luce una indumentaria que los unifica. Como corolario de este cuadro de situación, el régimen de Maduro ha sumido al pueblo en una devastadora crisis económica que ha provocado el desabastecimiento de alimentos y productos farmacéuticos, entre otros rubros, llevando al exilio a más de cuatro millones de venezolanos.
Está claro, entonces, que el régimen de Maduro no es un gobierno autoritario sino una auténtica dictadura hasta ahora sostenida por los mandos militares, coparticipes de todos los abusos en materia de DD.HH. Pero no cabe esperar que la fórmula Fernández-Fernández admita públicamente esta realidad habida cuenta del largo período de fraternal convivencia con el régimen bolivariano.
