Nuestra Constitución sancionada en 1853 bajo el modelo estadounidense, al igual que lo hicieran la mayoría de los regímenes presidencialistas, fue durante la mayor parte de sus 167 años de vigencia -siguiendo a Loewenstein- del tipo normativo con períodos de constituciones semánticas en épocas de gobiernos usurpadores.
Sin embargo, en la actualidad y no obstante estar en presencia de un gobierno popularmente elegido y por ende con legitimidad de origen y según las reglas de sucesión, su vigencia no es plena y la legitimidad de ejercicio se encuentra cuestionada por la falta de funcionamiento de sus instituciones y las limitaciones al ejercicio de ciertos derechos y garantías, que la convierten en una “hoja de papel”, como la definiera Lassalle.
Es que la democracia solo representa un escalón para alcanzar la República pero que por sí sola no es suficiente. La primera consiste en la posibilidad que el pueblo tiene de concurrir periódicamente a las urnas para participar en la elección de sus gobernantes aunque en la práctica ello no sea sino el “sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros” (Ambrose Bierce).
La República, en cambio, supone la división de poderes; la responsabilidad de los funcionarios públicos; la periodicidad de las funciones; la independencia del Poder Judicial; la existencia de partidos políticos; el sufragio universal y el voto secreto; y el goce irrestricto de los derechos y garantías de los habitantes a través de acciones y recursos tendientes a protegerlos.
Por ello, cuando algunos de estos principios esenciales no están presentes o se encuentran restringidos, podremos estar en presencia de una democracia pero no de una auténtica República tal como la prevista en los arts. 1, 22 y 33 de nuestra Constitución Nacional.
Comencemos con el Congreso que ya durante 2019 había dado muestras de una preocupante parálisis legislativa.
Ello teniendo en cuenta que conforme a la Constitución Nacional el periodo ordinario de sesiones se extiende entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, es decir, un total de 36 semanas que se deberían haber traducido en 36 sesiones, no obstante lo cual los diputados solo se reunieron en 8 ocasiones en tanto los senadores lo hicieron en 7, sancionando apenas 37 leyes en todo el periodo.
Y este año, si bien las sesiones comenzaron el 1 de marzo, la irrupción de la pandemia del coronavirus hizo que la actividad se suspendiera y luego de varios cabildeos se decidió sesionar en forma remota, mecanismo que ha fracasado rotundamente.
Uno se pregunta: ¿cómo es posible que innumerables sectores vengan poniendo el cuerpo a la crisis en forma presencial, tal como ocurre con el personal de la salud, de las fuerzas armadas y de seguridad, del transporte, de los supermercados y de los restantes servicios considerados esenciales?¿Por qué los legisladores que supimos conseguir no imitan a los parlamentarios de la mayor parte de los países del mundo que en iguales o peores condiciones que las nuestras, siguen sesionando en forma presencial e inclusive con la asistencia de primeros ministros? ¿Por qué no se reúnen bajo todas las medidas del protocolo de seguridad en grandes espacios que los hay, como estadios deportivos o culturales?
Aparentemente, la mayoría de ellos en una auténtica “autofuyimorización” del Congreso prefieren que seamos gobernados por medio de DNU del Ejecutivo, los que luego validan a granel en una sesión exprés y remota.
Además, al igual que ocurriera en todos -reitero, todos- los gobiernos de los últimos 30 años, se ha popularizado la teoría del “derecho a no dar quórum”, o dicho en otros términos, de incumplir la función legislativa para la cual fueran electos y se les pagan sus dietas, lo que acaban de perpetrar una vez más al impedir tratar el proyecto de concesión de superpoderes al jefe de gabinete.
Según la Constitución Nacional todo lo relativo al presupuesto nacional corresponde al Congreso (arts. 4, 52 y 75 inc. 1 a 9) no obstante lo cual -y como ya ocurriera en otras oportunidades- un simple DNU del Ejecutivo le sustrae esas facultades y se las concede en forma ilimitada y abusiva al jefe de gabinete quien puede así disponer a su antojo de la distribución de las diversas partidas que conforman el presupuesto.
Similar parálisis institucional se advierte en el Poder Judicial quien a partir de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia nacional y luego replicada en las provincias, ha dictado una feria que impide el normal funcionamiento de ese poder, tornando imposible el propósito fijado en la Constitución Nacional de afianzar la justicia.
Frente a un amparo presentado por abogados para que se restableciera ese servicio y se lo declarara como esencial, los representantes del gobierno y de la Corte se opusieron invocando falaces argumentos y pretendiendo sostener que el sistema funciona con normalidad. Cualquier abogado del país sabe que estas afirmaciones son falsas y que el Poder Judicial podría estar funcionando en forma presencial para cierto tipo de trámites en tanto otros son fácilmente realizables a través de mecanismos remotos.
Lo mismo ocurre con los juicios por corrupción que involucran a miembros del anterior gobierno que no obstante su gravedad se encuentran suspendidos, a pesar que las audiencias pudieran realizarse en ámbitos sujetos a protocolos sanitarios y por medios remotos.
Pero es evidente que en la mayoría de los casos no existe voluntad para reactivar las causas como ocurriera con uno de los TOF que alegara dificultades para sesionar por internet.
A ello se le suma la evidente campaña orquestada por el kirchnerismo para lograr la impunidad de las principales figuras de ese espacio involucradas en causas de corrupción.
Así pudo verse como el Consejo de la Magistratura dominado por la oposición logró que los jueces Luis Rodríguez y Alejo Ramos Padilla pudieran evitar su enjuiciamiento, en tanto que cuando se pretendía hacer lo mismo con el juez Rodolfo Canicoba Corral, estando empatada la votación en forma remota y faltando solo el voto de Graciela Camaño esta no pudo hacerlo debido a un sorpresivo corte de luz en su domicilio.
También integra la embestida la designación de Carlos Zannini como Procurador del Tesoro quien acaba de solicitar la nulidad de la causa del memorándum con Irán en la que se encuentra procesado junto a CFK,; y la propuesta de cubrir el cargo de Procurador General con el juez Daniel Rafecas, quien fuera apartado de la causa “Ciccone” por haberle brindado información de la misma y directivas para su defensa, al condenado Amado Boudou, así como haber sido denunciado por cerrar una causa de subsidios “truchos” en el INCA en la que su hermano era beneficiario sin haberse excusado de intervenir; y también desestimar in limine la denuncia del asesinado fiscal Nisman contra CFK.
Y ni hablar del accionar de algunos fiscales y funcionarios cuya misión es promover la acción de la justicia en causas de corrupción que afectan al erario público pero que por el contrario -y con una indisimulable connotación política- proceden como si fueran defensores.
Así también ocurrió con el multiprocesado Amado Boudou quien encontrándose cumpliendo prisión según fallos firmes de dos instancias, fue beneficiado con la prisión domiciliaria debido a que frente a su pedido, el fiscal De Luca desistió de formular la acusación; al igual que hicieran el fiscal Marcelo Agüero Vera y el abogado de la Aduana quienes en la causa seguida a Ricardo Echegaray por la presunta importación irregular de un vehículo diplomático, desistieron de formular acusación por lo cual el tribunal interviniente debió absolverlo.
Finalmente tampoco debe olvidarse que la Oficina Anticorrupción renunció a la querella promovida contra CFK y sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur por decisión de su titular, Félix Crous, integrante de Justicia Legítima y mano derecha de Alejandra Gils Carbó, quien supo actuar como humorista en programas televisivos de Marcelo Tinelli.
Todo ello -y mucho más- sin olvidar el proyecto de reforma judicial (cuyo antecedente fuera la fallida “democratización de la justicia”) así como el de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, conformando así un preocupante panorama en torno al funcionamiento del Poder Judicial.
