El constitucionalista bahiense nos pone en alerta sobre una situación que se pretende llevar adelante en nuestro país y que -de darse- plantea un esquema que ni en épocas de gobierno de facto fueron pensadas o intentadas para su implementación.
“Me da especial placer dirigirme a Vos como la cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado la llave de nuestro edificio político”. Con estas palabras el presidente norteamericano George Washington ponía en posesión de su cargo a John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país. De triunfar el kirchnerismo en las próximas elecciones, una frase como la referida será imposible en nuestro país a la luz de las últimas y explícitas manifestaciones públicas que proponen suprimir el Poder Judicial del esquema institucional creado por los Padres Fundadores en 1853.
1° No es que el kirchnerismo haya sido alguna vez respetuoso del sistema republicano y en particular en lo tocante al Poder Judicial, ya que la historia de sus 12 años de gobierno desnuda los reiterados ataques a este poder, no solo a la institución en sí sino igualmente a muchos de sus integrantes en forma personal. Así, la ex presidente CFK llegó a sostener: “No creo en el Poder Judicial de la República Argentina, por lo menos en los que en Comodoro Py evalúan este tipo de conductas…El Poder Judicial siempre actuó en contra de nuestro gobierno”. Basta leer su última obra literaria “Sinceramente” -que en realidad debió llamarse “Sincericidio”- para advertir su falta de apego a la República a través de sus muchas confesiones, entre las que se destaca mencionar al Juez Claudio Bonadío como un “sicario”, esto es, un asesino a sueldo (R.A.E).
Nadie olvida tampoco la vergonzosa campaña contra el Dr. Carlos S. Fayt, integrante de la Corte Suprema de Justicia y uno de los jurisconsultos más brillantes del país, respecto del cual el fugaz ex presidente de facto Duhalde dijera: “Fayt tiene 85 años, son muchos. Debió haber renunciado hace diez años”. Paradojas de la historia: el que debió renunciar fue Duhalde a quien no le dio el cuero para finalizar siquiera el inconstitucional mandato conferido por el Congreso en violación del art. 88 de la C.N. En la misma línea, el entonces diputado Alejandro Rossi consideró que era un mal ejemplo que el mencionado magistrado se quedara “hasta el momento que quiere. Uno no necesita que lo echen a empujones de los lugares; sabe cuándo cumplió un ciclo y debe irse”.
Y fue también la propia entonces presidente CFK quien se anotó en la lista cuando refiriéndose a los integrantes de la Corte manifestó que: “se me olvidó nada más ni nada menos el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista. ¡No puede ser! Si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal. ¿Ven que están mal informados? Por una acordada decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema. La Constitución, la ley y lo que diga María Santísima…out”. Ni mencionar otros casos como el inventado jurado de enjuiciamiento al Dr. Campagnoli que naufragara ante la falta de insistencia de sus propios promotores al advertir la ausencia de causales para lograr esa finalidad; o la abortada propuesta de Reposo como Procurador ante el rechazo de la oposición fundado en la falsificación probada de su C.V. Todo ello sin tampoco olvidar el proyecto de “democratizar la justicia” a través de jueces elegidos por el pueblo en las listas de los partidos políticos y que la Corte declarara inconstitucional en el caso “Rizzo”. No por nada los únicos dos casos en la historia nacional en que gobiernos elegidos popularmente removieran a la Corte Suprema de Justicia por razones puramente partidistas fueron los de Perón y Kirchner.
2° Pero ahora el embate va más a fondo y pretende eliminar del marco constitucional al Poder Judicial. Ya la inefable Diana Conti había afirmado que “los tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular”; y de allí que las causas de corrupción que enfrenta Cristina en la justicia son producto de una politización de un poder que finalmente no sería independiente del poder político, por lo que propone pensar un Poder Judicial diferente. Pero un grupo de intelectuales kirchneristas -encabezado por Mempo Giardinelli- ha elaborado una propuesta “de nueva Constitución Nacional, nueva, no reforma, no estamos por una reforma, estamos por una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se constituya en poder constituyente y elabore un nuevo pacto social. El punto central es la eliminación del Poder Judicial para que en su lugar haya un servicio judicial, un sistema de justicia”.
Para ello se postula declarar en comisión a todos los miembros del Poder Judicial por un plazo de entre 6 y 18 meses, plazo durante el cual se creará una nueva judicatura a la que podrán acceder “ciudadan@s no graduados en Derecho”. Por su parte la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables. Y esta disparatada y anti republicana propuesta fue avalada igualmente por Duhalde quien afirmó que debe reformarse inmediatamente la Constitución Nacional, ya que “tenemos que cambiar el Poder Judicial, ponerlo en comisión, porque no funciona”; a la vez que auspicia que de llegar a ser gobierno el kirchnerismo, se debería indultar a todos los procesados por corrupción en la causas de coimas, tales como los empresarios “porque tienen miles de empleados”
Y si alguien tiene dudas respecto a quienes integrarán, ya no el Poder Judicial sino el sistema de judicatura que lo reemplace -aunque no se sabe cómo se conformará- basta recurrir a lo expresado por el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona para quien los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia “tienen que ser militantes nuestros que tengan la preparación para que cuando lleguen los temas a instancia de la Corte que nosotros mismos proponemos y creemos que son importantes -como la ley de medios y la reforma judicial- los puedan defender”
3° Tal como se advierte, el kirchnerismo -de triunfar en las elecciones- está decidido a reformar la Constitución Nacional y suprimir uno de los tres pilares del sistema republicano, cual es el Poder Judicial. Revolviéndose en su sepulcro parisino, Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, nos sigue recordando que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad…No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo…Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares”
Es que el Poder Judicial tiene como función esencial la de dirimir pacíficamente y con sustento en la ley las controversias entre partes que en la antigüedad se resolvían con la Ley del Talión, cuando los propios particulares bajo el lema “ojo por ojo” ponían fin a sus conflictos. Pero al mismo tiempo el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad como garante del ordenamiento jurídico creado por la Ley Fundamental. En este sentido, el art. 31 de la C.N sienta el principio de supremacía según el cual, no existe norma alguna por encima de la Constitución Nacional en tanto que las que están por debajo de ella -tratados internacionales; leyes nacionales; constituciones y leyes provinciales; decretos; resoluciones; ordenanzas, etc- deben sujetarse a la misma. Y si se diera que alguna de todas estas normas que integran el orden jurídico del país se opusiera a la Constitución Nacional, corresponde en forma exclusiva al Poder Judicial decretar su inconstitucionalidad.
Este principio fue sostenido en el célebre caso “Marbury vs. Madison” por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU y a través del voto del juez Marshall (1803) al sostener que: “Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula”.
Este precedente fue seguido por nuestra Corte a partir del caso “Sojo” de 1887 y continua vigente. Precisamente y para proteger el accionar del Poder Judicial, el texto constitucional ha previsto para sus integrantes la garantía de la inamovilidad haciendo que, a diferencia de los otros dos poderes, aquellos duren mientras mantengan su buena conducta, pues en caso contrario podrán ser removidos a través del juicio político o por el jurado de enjuiciamiento, según los casos (arts. 110, 53, 59 y 60 C.N)
4° Es claro que la actuación de los jueces incomoda a quienes ejercen el poder, tal como actualmente ocurre con los múltiples procesos por corrupción seguidos a funcionarios del gobierno kirchnerista, incluyendo a los ex presidente y vicepresidente CFK y Amado Boudou, quienes alegan ser “presos políticos” cuando en realidad son o serán “políticos presos”. Pero la ignorancia supina de Giardinelli y sus compañeros de ruta llama la atención proviniendo de quienes se autotitulan “intelectuales”. Es que la propuesta que formulan en torno a modificar la Constitución haciendo que “el pueblo argentino se constituya en poder constituyente” ya fue proclamada hace años por Emmanuel Joseph Sieyès quien al igual que Montesquieu debe estar revolviéndose en su tumba de Père-Lachaise.
En efecto: nuestro sistema constitucional es el de una república representativa en la cual la soberanía que reside en el pueblo es ejercitada a través de los representantes que el mismo elige a través del voto (arts. 1, 22 y 33 C.N) De allí que se distingue entre el poder constituyente y los poderes constituidos: el primero es el que redacta la primera constitución (originario) o reforma la existente (derivado), en tanto que los segundos son los creados por el poder constituyente para asumir las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Es por ello que el art. 30 de la C.N crea un doble mecanismo para reformarla: en primer lugar, una ley sancionada por mayorías calificadas del Congreso que declare la necesidad de tal enmienda; y a posteriori, la reunión de un poder constituyente electo por el pueblo para llevar adelante la reforma propuesta. Por tanto, que alguien le avise a Giardinelli y sus muchachos que “siempre” la constitución debe ser modificada por el “poder constituyente” -es decir, el pueblo- pero solamente a través del procedimiento regulado por la citada cláusula constitucional.
En síntesis: no estamos en presencia de una visión apocalíptica sobre nuestro futuro institucional, sino que se trata de una propuesta concreta del kirchnerismo y de otros sectores como el que postula Duhalde y que encabeza Lavagna, a quien no se le ha escuchado palabra alguna al respecto: de triunfar este espacio, se intentará reformar la Constitución Nacional y se suprimirá el Poder Judicial, creándose en su lugar un “servicio de justicia” que podrá estar integrado por quienes no sean abogados y que, obviamente, dependerá del Ejecutivo; como asimismo se indultará a todos quienes hoy se encuentran sometidos a proceso por corrupción.
Esta es la propuesta de campaña del kirchnerismo para las próximas elecciones y dependerá de su voto avalarla o, caso contrario, salvar la República que nos legaran los Padres Fundadores en 1853.
