“Mi casa será llamada Casa de Oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones” (Mt. 21, 12)
El Papa Francisco acaba de designar a dos jueces de neta filiación kirchnerista como encargados de sendas instituciones vaticanas. El primero de ellos ha sido el ex juez de la Corte Suprema de Justicia nacional Eugenio Zaffaroni como integrante de la Junta Académica Fundadora del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales por el periodo 2023 a 2028; en tanto la restante designación recayó en el juez Roberto Gallardo como titular del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.
Sin embargo lo que llama la atención no es la adhesión política de ambos magistrados sino que, en el caso de Zaffaroni, no se haya tenido en cuenta su escandalosa trayectoria tanto personal como jurídica –que el Sumo Pontífice no puede ignorar- y que de manera alguna se condice con la personalidad que es dable exigir a quien cumplirá funciones en la esfera del Vaticano. De allí que en mi calidad de católico practicante y ex juez por más de 30 años no pueda dejar de formular las críticas que tal nominación conlleva.
1° La lista de los “Sospechosos de siempre” con relaciones vaticanas -sin contar varias designaciones de neto sesgo político -partidario en el propio ámbito eclesial- comenzó con el nombramiento del “íntimo amigo del Papa” (como se autotitula) Juan Grabois, un claro ejemplo de lo que no debe ser un buen cristiano. Es que basta para ello recoger algunas de sus declaraciones, como cuando sostuvo que “si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño”, lo que en su caso no aplica por ser uno de los principales gerentes del pobrismo vernáculo.
También cuando recientemente afirmó que “Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina” y, en forma premoniotoria, acotó que “Prefiero hablar ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”. Finalmente, en plena campaña electoral tuvo una frase altamente democrática dirigida a la oposición: “Que vengan y la vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero” Lo que se dice un auténtico apóstol de la paz y la República.
2° En cuanto al nombrado Zaffaroni cabe recordar que cuando previo a su asunción en la Corte Suprema de Justicia debió presentarse ante el Senado para la audiencia pública exigida por el art. 99 inc. 4° de la C.N, lo hizo acompañado de su íntimo amigo y socio en el estudio jurídico que ambos compartían, Jacobo Isaac Grossman. Pero este individuo no era un abogado más sino que se trataba de quien junto a Alberto González, Eduardo Zurko, Julio César Barbosa y Cristina Bejar integraban una banda acusada de realizar numerosos secuestros y otros delitos, y que fueran condenados a 20 años de prisión.
Sin embargo, en el caso de Grossman y merced a los buenos oficios de su íntimo amigo Zaffaroni, sólo cumplió parte de su condena ya que el 15 de febrero de 1991 fue incluido en el decreto 263 mediante el cual el presidente Menem indultó a otras 19 personas condenadas por su participación en hechos de guerrilla, aunque en el caso de Grossman se trataba de un delincuente común. Su presencia en el Senado mereció el repudio del senador Gómez Diez quien sostuvo que era “un verdadero desafío al Senado presentarse con un ex convicto como asesor”.
Y como todo tiene que ver con todo, Zaffaroni es también amigo íntimo de Amado Boudou a quien Grossman defendió por “truchar” la documentación de un automotor, imputación respecto a la cual Zaffaroni afirmó que “tener procesado al vicepresidente de la República por un formulario 08 falso de hace veinte años de un auto que se transfirió, que no damnificó a nadie, me parece que es un poco exagerado”. ¡Amigos son los amigos!
3° Zaffaroni fue el principal defensor e ideólogo de la teoría abolicionista en materia penal que propugna intercambiar los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida.
Sin embargo, el argumento esgrimido de asociar pobreza con delincuencia, es falaz y ha sido sobradamente desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos. Así fue que sostuvo que “En América latina, en este genocidio por goteo que estamos viviendo, el equivalente de los judíos de la Shoá son los pibes de nuestros barrios precarios, que están muriendo por miles” lo cual mereció el inmediato y justificado rechazo de las organizaciones judías.
Y demostrando que no solo pensaba de esa manera sino que igualmente actuaba conforme a esa ideología, en una entrevista con la revista Rolling Stone confesó que era “horrible” mandar gente a la cárcel, señalando: “Pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre”.
4° Lamentablemente la teoría abolicionista practicada por Zaffaroni ha tenido numerosos seguidores como los fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca que frente al proyecto del nuevo Código Penal sostuvieron que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; que los delitos “son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”; “que el castigo es una solución irracional, una trampa” y que; “ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”; criticando que para combatir la inseguridad se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.
Pero estos no fueron los únicos discípulos de Zaffaroni. Tal lo ocurrido con los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues quienes redujeron a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre -hecho no acreditado- esta segunda violación le restaba gravedad a la causa. Y ni qué decir de los jueces Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos. El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma. En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito.
Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”. ¿Quién fue el defensor del juez López? Precisamente, Zaffaroni quien por ello fuera suspendido en la matrícula de abogado, ya que el art. 3, inc. 9° de la ley 23.187 que regula el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la Capital, dispone que quien cese en sus funciones judiciales no podrá ejercer la profesión sino hasta pasados dos años de dicho cese. En el caso de Zaffaroni, a los tres meses de haber abandonado la Corte, asumió la defensa de su colega violando abiertamente una ley que como ex juez del Alto Tribunal no podía ignorar. Pero ese es Zaffaroni, trasgresor nato en todo sentido.
5° En este marco no puede olvidarse entre sus numerosos y aberrantes fallos su pronunciamiento del 26 de abril de 1989 como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, sala 6ª. de la Capital, en una causa seguida contra Julio Tiraboschi, portero de un edificio en Alberdi al 2000, que bajo engaños condujo a una menor de 8 años a la cochera del edificio donde abusó de ella. En 1ª. instancia se había solicitado la pena de 7 años de prisión pero Zaffaroni la redujo a 3 años, por lo cual el imputado nunca fue a la cárcel.
Para fundar su voto sostuvo que “estamos ante un imputado sin antecedentes, que confesó plenamente el hecho y demuestra arrepentimiento. Es un hombre joven y padre de familia, que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social”; agregando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”. Cuesta creer que un magistrado, frente a un hecho aberrante como el que motivara la causa, se preocupara por las “graves consecuencias” del degenerado delincuente y afirmara, muy sueldo de cuerpo, que la circunstancia que el abuso fuera a oscuras redujo el trauma de la menor.
6° El nuevo funcionario vaticano fue también el propietario de 6 departamentos en la Capital en los que se ejercía la prostitución, alegando en su descargo que no podía saber quiénes moraban en sus propiedades ni a qué se dedicaban; argumento falaz que fuera controvertido por Ricardo Montiveros, su íntimo amigo y administrador de sus bienes con quien convivía, quien admitió tanto la existencia de esos inmuebles y que su titular era su íntimo amigo y conviviente Eugenio Zaffaroni, como igualmente que en ellos se ejercía la prostitución, por lo cual reconoció la infracción a la ley de profilaxis y abonó la multa máxima fijada por la legislación, con lo que logró el cierre de la causa. Si ambos vivían juntos no se concibe que por boca de su fiel amigo y administrador ignorase quiénes ocupaban los departamentos y cuáles eran sus actividades.
7° No menos aberrantes fueron sus declaraciones -ya integrando la Corte Suprema de Justicia nacional- cuando se refirió a la denuncia del fiscal Nisman que involucraba entre otros, a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo que la misma “era un mamarracho” ya que “cualquiera que trabaje en el Poder Judicial sabe que ese escrito es descabellado, eso lo hizo alguien que no tiene experiencia que nunca trabajó en un juzgado, que no trabajó seriamente”.
Pero a continuación agregó que “si Alberto Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”; y frente a las críticas por tales dichos, fue todavía más allá y e ironizó: “No vaya a ser que Marijuan ahora quiera procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto“, finalizando: “Es un muerto, no lo voy a ahorcar, es absurdo”. Resultó patético, entonces, que al dejar su cargo en el Alto Tribunal argentino y a instancias del kirchnerismo -a quien defendiera a ultranza llegando a encabezar el staff de abogados de la ex presidente- ocupara un sitial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cayendo en la bajeza de menoscabar la figura de un fiscal de la Nación asesinado precisamente por haber formulado la mencionada denuncia, actitud que solo puede sorprender a quienes no conocieran la trayectoria de Zaffaroni, como parece ser el caso del Sumo Pontífice quien, no obstante, en una muestra más de su cercanía al nombrado, respaldó el ataque al inventado lawfare al decir que este sistema “además de poner en riesgo la democracia es utilizado para minar los procesos políticos emergentes…es fundamental detectar y neutralizar estas prácticas…en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.
Ello es lo que sostuvo Zaffaroni en torno a la prisión de la delincuente condenada en todas las instancias con sentencia firme Milagro Sala al afirmar que la misma “no es una presa política, es una prisionera política que es mucho peor. Está a disposición de un poder ejecutivo porque el judicial no es más que la mano enguantada de ese ejecutivo” y que por tanto “creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy”. Olvidó el juez prostibulario que el peronismo, a través de PJ y luego del FPV, gobernaron Jujuy durante 32 años y son los que designaron a la casi totalidad de los integrantes del Poder Judicial, entre ellos a quienes intervienen en esos procesos, como son los casos del juez Gutiérrez y la fiscal Fernández de Montiel quienes están en sus cargos hace más de 20 años.
Poco tiempo atrás el propio Papa Francisco sostuvo que “No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. ¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad!” Pareciera haber olvidado esta correcta afirmación que se apoya en la Doctrina Social de la Iglesia cuando previene que si bien los pastores tienen libertad para evangelizar lo político desde un Evangelio sin partidismos ni ideologizaciones, deben despojarse de toda ideología político-partidista que pueda condicionar sus criterios y actitudes, ya que si militaran en política partidista, correrían el riesgo de absolutizarla y radicalizarla; y por tanto, en el orden político donde se presentan diversas opciones concretas no le incumbe al clero la decisión, ni el liderazgo ni tampoco la estructuración de soluciones (Puebla n° 526).
