dom. 22 de noviembre de 2026
Bahía Blanca:

“Y finalmente, se hizo justicia” por Carlos Baeza

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Veinticuatro años después de haberse producido un grave hecho institucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar a nuestro país por la irregular destitución del entonces juez de la Corte Suprema de Justicia nacional, Dr. Eduardo Moliné O’Connor.

El mismo, junto a los Dres. Guillermo López; Adolfo Vázquez; Julio Nazareno y Antonio Boggiano, fueron objeto de un juicio político promovido por el gobierno de Néstor Kirchner, tal como igualmente lo hiciera Juan Domingo Perón en su primera presidencia, siendo los dos únicos casos en la historia institucional argentina de la remoción del Alto Tribunal, sin contar igual medida, pero en manos de los diversos gobiernos usurpadores habidos en el país. Mientras los tres primeros nombrados renunciaron a sus cargos ante las presiones de que fueran objeto, Boggiano y Moliné O’Connor fueron destituidos por el Senado -en este último caso- el 4 de diciembre de 2003, por 45 votos a favor y 19 en contra. La causal invocada fue el mal desempeño en el que presuntamente incurriera en la causa “Meller”, una empresa que reclamaba una suma millonaria por un contrato para la provisión de guías telefónicas.

Una vez que la Cámara de Diputados formulara la correspondiente acusación, el Senado dispuso la suspensión del magistrado y, finalmente, por resolución DR-1116/03, resolvió su destitución “por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en virtud de haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48”. Contra el fallo del Senado, el Dr. Moliné O’Connor dedujo recurso extraordinario el que, al habérsele implícitamente denegado, motivo su presentación en queja ante la Corte Suprema de Justicia, la cual integrada por conjueces, y con fecha 1 de junio de 2004, desestimó la misma por seis votos a favor (Dres. Mitchell; Morales; Wayar; Tyden de Skanata; Leal de Ibarra y Mosquera) y tres en contra (Dres. Frondizi; Pérez Petit y Fossati). En estas condiciones, la defensa del magistrado recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual en julio de 2024 falló contra nuestro país entendiendo que el juicio político promovido contra el nombrado había violado la independencia del Poder Judicial, así como la garantía de defensa en juicio. Y ahora es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, ratificando esos fundamentos, condena a la Argentina al pago de una suma millonaria en concepto de indemnizaciones, así como a regularizar el régimen previsional, en favor de los herederos del Dr. Molino O’Connor, quien falleciera el 20 de agosto de 2014, a los 76 años.

1° En su momento, me ocupé de analizar en los medios el proceso seguido en el juicio político así como el pronunciamiento de la Corte que rechazara el planteo del Dr. Moliné O’Connor, el cual se basó en dos aspectos: en primer lugar, los vicios que denunciara como ocurridos tanto en la etapa del juicio cumplido en la Cámara de Diputados, como en la posterior instancia del juzgamiento ante el Senado; y en segundo término, el hecho de haber sido destituido con invocación de la causal de mal desempeño, sin que del fallo surjan los fundamentos en los que apoyar tal decisión, todo lo cual afecta la garantía del debido proceso y la defensa en juicio tutelados por el art.18 de la Constitución Nacional. Y dado que este era el primer caso en que el proceso de destitución afectaba a un integrante de la Corte, la mayoría del Alto Tribunal sostuvo que “el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (art. 18 Constitución Nacional) pueden también estar en juego cuando el enjuiciado es un miembro de esta Corte, siendo tales garantías invocables por éste ante el tribunal encargado del control de constitucionalidad”; agregando que “Privar a un juez de esta Corte del derecho de solicitar el control de constitucionalidad del procedimiento que culminó con su destitución, con el argumento que tal destitución es una cuestión política no justiciable, importa desconocer la letra del art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la doctrina sentada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Considerando 9º, ap. II y III). Y si bien se comienza reafirmando el principio de independencia del Poder Judicial “que, en materia de enjuiciamientos políticos, se traduce en la imposibilidad de destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias”, se concluye que en el caso en análisis, “la decisión destitutoria reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y en los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión de que les ha conferido la Constitución Nacional”. Y a continuación y en un párrafo altamente expresivo agregan: “Para expresarlo sin tapujos, se considera que la destitución del recurrente no estuvo vinculada al contenido de sus pronunciamientos, sino a la configuración de la causal de mal desempeño que el Senado tuvo por acreditada, estimación que no puede ser alcanzada por el poder de revisión conferido a esta Corte” (Considerando 22).

2° En el voto de la minoría se analizan los dos cargos que se imputan, a saber: en cuanto a “convalidar un proceso administrativo fraudulento” – y teniendo en cuenta la falta de precisión tanto en la acusación como en el fallo respecto a los actos del magistrado que habrían servido a ese fin- sólo es posible concluir que ello se habría concretado “por la sola desestimación del recurso extraordinario con fundamento en una conocida jurisprudencia del Tribunal, que establecía la irrecurribilidad en casos análogos”. Y respecto a la segunda imputación -“haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48”- tal conducta “en sí misma, no predica una actividad concreta del magistrado susceptible de examen, sino que, como la anterior causal, parece circunscribirse a la decisión de desestimar el recurso extraordinario con fundamento que, más allá de su acierto o error, no traducen ninguna de las causales de mal desempeño admitidas por la Constitución Nacional” (Considerandos 49 y 51). En consecuencia, si las dos imputaciones que contiene el fallo del Senado lo fueron “sin atribuírsele motivación alguna para esa supuesta inconducta, sólo puede concluirse que subyace en esa imputación la imposición de una solución jurídica contraria a la adoptada por el magistrado. Ello ratifica la conclusión de que la destitución radica en que, a criterio del Senado de la Nación, el juez debió haber admitido el recurso extraordinario y descalificado la decisión y no lo hizo así” (Considerando 55). Por todo ello se concluye en que la destitución del magistrado “reconoce como único fundamento la desaprobación, por parte del órgano legislativo, del criterio jurídico adoptado por el magistrado para resolver una contienda judicial, sin que se haya invocado ni demostrado la existencia de ninguna de las causales de mal desempeño en el cargo previstas en la Constitución Nacional. La decisión de destituir al juez aparece, de tal modo, inscripta fuera del marco de potestades del órgano con capacidad de juzgar en el proceso de enjuiciamiento político, ya que esa capacidad constitucional le es otorgada sólo bajo el modo que las normas fundamentales establecen” (Considerando 61).

3° De tal manera, el tema central era la posibilidad que el Poder Judicial, en ejercicio del control de constitucionalidad que le cabe ejercer, podía -sin afectar las atribuciones de los otros poderes- revisar si el proceso del juicio político en ambas cámaras y determinar si el mismo no había violado garantías constitucionales. Y es la misma Corte quien admite con fundamento en el caso “Nicosia”, que el agravio era que los dos hechos determinantes de la remoción del magistrado no formaban parte del cuadro acusatorio elevado por la Cámara de Diputados, con lo cual se lo privó de ejercer su legítima defensa. De allí que en el proceso de juicio político se encuentra protegida la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N), y que, por ende, siempre que la violación de la misma provoque un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, era obligación del Poder Judicial reparar el mismo conforme al principio de supremacía y de acuerdo al control de constitucionalidad judicial y difuso que le cabe ejercer.

En este marco jurisprudencial, debió la Corte haber entrado a considerar si el Senado, al producir su fallo, fundó el pronunciamiento y, en caso contrario, descalificar el mismo precisamente por cuanto la ausencia de tal fundamentación incumplió un presupuesto básico de la potestad atribuida a esa cámara, violentando la garantía del debido proceso. En lugar de ello, el voto de la mayoría por una parte, sostiene que la destitución del Dr. Moliné O’Connor no obedeció a su voto en la causa “Meller”; pero seguidamente concluye en que la causa de su remoción fue el mal desempeño que el Senado tuvo por acreditado por haber “legitimado un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48”, conclusión que no puede ser materia de revisión (voto de los Dres. Mitchell; Morales y Wayar). E igualmente el voto del Dr. Mosquera afirma que si bien el fallo del Senado no brinda fundamentación alguna en punto a cuáles serían las conductas desplegadas por el Magistrado que lo harían incurrir en la causal de mala conducta, entiende que acerca de esta decisión no puede haber control judicial alguno, ya que “los representantes del pueblo han dado su veredicto definitivo, considerando que el doctor Moliné O’Connor ha incurrido en la causal constitucional de mal desempeño y que tal conducta justifica su remoción del cargo”

En definitiva: la mayoría reconoce que el fallo del Senado carece de fundamentación pero que el Poder Judicial no puede revisar esa decisión bajo pena de invadir la esfera de competencia de esa cámara, conclusión que estimamos errónea, ya que conforme doctrina de la misma Corte, las imputaciones de mal desempeño deben reposar sobre hechos, y en este caso, la causal de mal desempeño no está basada en conductas atribuibles al magistrado destituido y que pudieran generar esa causal. Repárese que como surge del fallo del Senado, se le imputó que su intervención en la causa “Meller” significó: a) convalidar un proceso fraudulento y b) no ejercer el control de constitucionalidad. En cuanto a lo primero y frente a la ausencia de fundamentación, sólo es posible concluir en que tal proceder se habría concretado por la sola desestimación del recurso extraordinario, basado en la reiterada jurisprudencia de la misma Corte. Y respecto al segundo, tampoco la imputación configura una conducta susceptible de examen sino una consecuencia de la anterior. Por tanto, entendimos que la destitución del Dr. Moliné O’Connor ha sido el distinto criterio interpretativo por parte del Senado respecto del voto que en la causa “Meller” emitiera dicho Magistrado, pero sin que se haya invocado ninguna de las causales que pudieran configurar el mal desempeño imputado. Si ello es así, resulta patente que la destitución dispuesta por el Senado escapa a la facultad de juzgamiento que la Constitución Nacional le atribuye y que solo se basa en el contenido de la sentencia del magistrado, lo cual está vedado según uniforme criterio de la propia Corte.

4° Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recoge la doctrina que adelantamos hace más de 20 años, al sostener que el proceso de juicio político y la destitución por parte del Senado configuró “en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial”, y que las autoridades argentinas “negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias”. Agregaron que “La Corte reitera que la garantía de la independencia judicial conlleva la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez o una jueza se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado”. Finalmente señala el Tribunal que muestro país violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana; e igualmente consideró vulnerados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, previstos en los artículos 23.1.c), 21 y 26 del mismo instrumento, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en su artículo 1.1. violaciones que asimismo ocasionaron una afectación al proyecto de vida del magistrado. Como la misma Corte sostuviera, una decisión de la Corte no significa reemplazar al Senado en su función de juzgar, ya que el pronunciamiento descalificatorio de ese Tribunal, “se sustentaría en el exclusivo hecho de que la atribución no habría sido ejercida de conformidad con los requerimientos a que la Constitución la condicionó para ser irrevisable; en otras palabras, que dicho ejercicio, por ausencia de alguno de sus recaudos imprescindibles, no podría ser reconocido como fruto de la atribución de que se trate” (Fallos 316:2940).

Muchas veces, la justicia tarda en reparar los daños de fallos contrarios al derecho vigente, pero como en este caso, finalmente llega para subsanar, al menos en parte, un pronunciamiento de neto corte político y descalificable desde la óptica del marco constitucional.

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