La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), presentó un detallado informe sobre el estado de las Rutas Nacionales, con graves denuncias al Gobierno de Javier Milei por desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). “Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo”, advirtieron.
En el Informe Técnico que FEPEVINA realiza cada fin de año, describieron que “la situación actual de la DNV y de la Red Vial Nacional no es el resultado de errores de gestión, limitaciones técnicas ni falta de recursos. Es la consecuencia directa de una decisión política deliberada: vaciar al Estado de su capacidad vial, paralizar el mantenimiento y degradar una función estratégica que sostiene la seguridad, la producción y la integración territorial del país”.
La ruta nacional 33, un corredor crítico
Dentro de ese panorama, la ruta nacional 33 aparece como uno de los casos más críticos del país. El corredor, que atraviesa Buenos Aires y Santa Fe y conecta zonas clave de producción agrícola, presenta un deterioro estructural severo. Según diagnósticos técnicos citados por Fepevina, en varios tramos -entre Casilda, Venado Tuerto, Rufino, Trenque Lauquen y Bahía Blanca- el daño no es solo superficial: la subrasante perdió capacidad portante, lo que vuelve ineficaz cualquier bacheo de corto plazo.
El informe describe una ruta con calzadas angostas, alto tránsito pesado y maniobras de sobrepaso cada vez más riesgosas. En la zona de Bahía Blanca, el tránsito medio diario anual ronda los 11.950 vehículos, un volumen incompatible con un pavimento en mal estado. Fepevina advierte que la RN 33 “requiere una reconstrucción total”, ya que los parches actuales tienen una vida útil inferior a seis meses debido al flujo constante de camiones vinculados a la cosecha.
El deterioro vial también tiene impacto económico directo. El informe menciona el cierre del supermercado mayorista Yaguar en Bahía Blanca, ocurrido en noviembre de 2025, como un ejemplo concreto: la empresa dejó de operar, entre otros factores, por las malas condiciones de acceso y los sobrecostos logísticos derivados del estado de las rutas, lo que afectó a unos 60 trabajadores.
Agregaron que “desde diciembre de 2023, la DNV atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación. El intento de disolución mediante el Decreto 461/2025 -luego rechazado por el Poder Judicial y el Congreso- dejó en evidencia una ofensiva ideológica contra la infraestructura pública. Aunque la disolución fue frenada, el vaciamiento continúa por otras vías: expulsión de personal técnico altamente calificado, congelamiento salarial, retiro voluntario forzado y asfixia presupuestaria sistemática”, denunciaron.
Asimismo, relataron que “el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo” hasta el próximo accidente. La velocidad media cae, los costos logísticos se disparan, la competitividad regional se erosiona y la siniestralidad vial aumenta. Las muertes en rutas no son estadísticas inevitables: son muertes evitables, resultado directo de decisiones políticas”, sentenciaron.
