Asuntos Internos determinó que los agentes habían informado domicilios en Carmen de Patagones que no serían sus lugares de residencia permanente. Así accedían al adicional por “zona desfavorable”. También afrontan una investigación penal en Bahía Blanca.
Ocho integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaban funciones en Villarino fueron cesanteados luego de una investigación de la Auditoría de Asuntos Internos que detectó irregularidades en el cobro de un adicional salarial.
De acuerdo con el expediente administrativo, los efectivos habrían presentado declaraciones juradas con domicilios en Carmen de Patagones, pese a que no residían de manera permanente en ese distrito.
La maniobra les habría permitido acceder al denominado “beneficio por zona desfavorable”, destinado a los agentes que cumplen con determinados requisitos de residencia en localidades ubicadas al sur del río Colorado.
Una investigación que comenzó en 2022
El expediente se inició en 2022 a partir de una denuncia anónima que involucraba inicialmente a 24 funcionarios policiales.
Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación administrativa, Asuntos Internos determinó que ocho agentes habían percibido el adicional de manera indebida.
Los efectivos identificados son Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibáñez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.
Según se estableció en el sumario, durante varios años habrían cobrado sumas superiores a las que les correspondían como consecuencia de la información consignada en las declaraciones juradas.
Cesantía y una causa penal
A partir de las pruebas reunidas, la Auditoría de Asuntos Internos resolvió aplicarles la cesantía, una de las sanciones administrativas más severas dentro de la fuerza.
La medida implica la separación definitiva de la Policía bonaerense y la pérdida del empleo y de los derechos asociados al cargo.
En la resolución, el organismo calificó la conducta investigada como un acto de corrupción, al considerar que se utilizaron declaraciones juradas con información falsa para obtener un beneficio económico.
Pero el caso no termina en la vía administrativa.
Los ocho exagentes también son investigados en una causa penal que tramita en una Fiscalía de Bahía Blanca, donde se analiza la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades
La investigación judicial deberá establecer ahora si existió responsabilidad penal y cuál fue el alcance del perjuicio económico ocasionado a la administración pública.
El expediente administrativo, en tanto, concluyó que en estos ocho casos existían elementos suficientes para disponer la expulsión de la fuerza.
El caso vuelve además a poner bajo la lupa los controles sobre los adicionales salariales vinculados con la residencia y, particularmente, sobre el beneficio destinado a quienes cumplen con los requisitos establecidos para la zona ubicada al sur del río Colorado.
Fuente: LaNoticia1
