El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para suprimir la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al denunciar una “utilización política” del organismo público “integrado por militantes zurdos y kirchneristas que se dedicaron a perseguir periodistas”.
Presentamos proyecto para suprimir la Comisión Provincial de la Memoria, un organismo estatal al servicio de una facción política. Integrado por militantes zurdos y kirchneristas que se dedicaron a perseguir periodistas y apoyar descaradamente las peores políticas kirchneristas.
En ese sentido, Castello planteó en su iniciativa la derogación de la ley N° 12.483, la cual creó la Comisión Provincial por la Memoria, al indicar que las actividades que realiza el ente en la actualidad están “desnaturalizados” de sus objetivos iniciales, al tiempo que “apoya descaradamente las peores políticas kirchneristas”.
“Resulta evidente que los integrantes históricos de la comisión simpatizan, o directamente integran, un espacio político cuyos principales dirigentes se encuentran acusados de la mayor corrupción de la historia argentina. Se ha transformada en un instrumento de impunidad y ha colocado un ente estatal al servicio de una facción política”, puntualizó el legislador libertario bonaerense.
Según el proyecto, el personal de la comisión alcanzado por el régimen de estabilidad que preste tareas será reubicado en las condiciones que establezca la reglamentación. En tanto que los archivos y toda documentación “se transferirán al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ExEsma)”.
En los fundamentos del texto, Castello indicó que un caso de utilización política por parte de la comisión fue en la participación de la causa penal contra el fiscal Carlos Stornelli por extorción. Allí, el juez interviniente le encomendó al organismo la realización de un informe para describir presuntas “operaciones de acción psicológica” en las que pudiera haber estado involucrado un periodista procesado en la causa.
“El análisis de la actuación de un periodista por parte de un organismo estatal no judicial constituye un acto de extrema gravedad, violatorio de uno de los principios que se tuvo en miras al momento de crear la Comisión Provincial por la Memoria, como el de la libertad de expresión”, cuestionó Castello.
Por último, el diputado bonaerense añadió que las actividades de la comisión deben referir al pasado reciente y actualmente “nada tienen que ver con los objetivos de la ley”. “Se ocupa de temas que van desde la política educativa nacional, la crítica a decisiones judiciales que no se comparte, opiniones sobre postulantes a jueces, posiciones sobre pueblos originarios, entre otros tópicos”, concluyó.
Según la legislación provincial, los objetivos de la Comisión por la Memoria son contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro país en la memoria de los bonaerenses; fomentar el estudio y la difusión de los hechos vinculados con el autoritarismo durante todos los golpes militares; y recopilar toda la documentación relacionada con los artículos precedentes con el fin primordial de garantizar la preservación.
