La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Sofía Pomponio, cruzó a la CPM por el informe sobre la represión en las manifestaciones públicas. “Increíble que gasten plata en estas pelotudeces”
En las últimas horas, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Sofía Pomponio, lanzó duras críticas contra el tercer informe especial “Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas”, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al calificar el trabajo como una “pelotudez” y cuestionar el uso de recursos públicos para su impresión y distribución.
Es preciso mencionar que, el documento releva el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas sociales desarrolladas entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, es decir, durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, y según datos oficiales de la CPM, en ese período se monitorearon 139 movilizaciones en distintos puntos del país, de las cuales en 51, es decir, un 37%, se registraron hechos represivos.
De acuerdo con las cifras difundidas por el organismo, como consecuencia de los operativos de seguridad se consignaron 2.585 personas heridas y 258 detenciones que fueron calificadas como arbitrarias, datos que forman parte del informe remitido a distintos destinatarios institucionales, entre ellos la propia Pomponio, quien se desempeña como vicepresidenta de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados bonaerense.
En ese sentido, la legisladora libertaria oriunda de Mar del Plata difundió un video en sus redes sociales en el que relató que al llegar a su despacho encontró un sobre enviado por la Comisión Provincial por la Memoria con una nota dirigida a ella y el informe impreso, donde se detallaba el monitoreo de manifestaciones en contra del Gobierno nacional durante 2025, y expresó su incredulidad ante la tarea desarrollada por el organismo.
Con tono irónico, Pomponio sostuvo que la CPM “monitorea todas las manifestaciones que se hacen en contra del Gobierno nacional”, y cuestionó que el documento estuviera impreso bajo el título de “tercer informe especial”, al remarcar que, según su interpretación, la publicación había sido realizada en tres oportunidades, al tiempo que afirmó: “No lo puedo creer, que la Comisión Provincial por la Memoria gaste plata en estas pelotudeces”.
En el posteo que acompañó el video, Pomponio escribió: “Acá están las ‘prioridades’ de la Comisión Provincial por la Memoria. Monitorear manifestaciones en contra del Gobierno nacional… Y mientras tanto, delirando plata, en vez de poner el foco en lo que de verdad importa. Qué ridiculez”.
No obstante, no es el primer cruce entre la diputada libertaria y la CPM, ya que semanas atrás Pomponio respaldó públicamente al intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, frente a una denuncia presentada por el organismo vinculada al accionar de la Patrulla Municipal, oportunidad en la que sostuvo que “aparecen los de siempre: los que ponen palos en la rueda y jamás dieron una solución” y apuntó contra quienes, según su visión, “curran con los derechos humanos”.
Por su parte, desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada bonaerense Soledad Alonso sostuvo que las represiones frente al Congreso responden a una decisión política del Ejecutivo, y las comparó con los hechos de diciembre de 2001. En paralelo, la CPM organizó el segundo encuentro provincial de organizaciones y colectivos de memoria de cara a los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, donde su presidenta, Dora Barrancos, alertó sobre un “grave retroceso” en políticas de memoria y derechos humanos bajo la actual gestión nacional.
Pomponio cruzó a la CPM por su último informe sobre la represión: qué dice el relevamiento
Es preciso mencionar que, el documento de la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que el segundo año de gobierno de Milei consolidó un giro represivo más intenso y sistemático frente a la protesta social, al registrar un incremento en la cantidad de manifestaciones reprimidas, personas heridas y detenciones arbitrarias durante 2025 en el marco de los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
De acuerdo con el relevamiento oficial, en los últimos dos años se monitorearon 139 manifestaciones públicas y 51 concluyeron con hechos represivos, aunque el salto interanual resulta significativo ya que en 2024 se reprimieron 17 protestas mientras que en 2025 esa cifra ascendió a 34, lo que para el organismo representa una duplicación de la violencia estatal contra la protesta. En tanto, la CPM vincula este patrón con la implementación de la resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, firmada por la ex ministra Patricia Bullrich al inicio de la gestión de La Libertad Avanza.
En términos de víctimas, el informe consigna que entre 2024 y 2025 se registraron 2.585 personas heridas en protestas sociales, con 1.216 en el primer año y 1.369 en el segundo, lo que implica un aumento del 13%, y señala que el mes más crítico fue marzo de 2025, particularmente el día 12 durante una movilización frente al Congreso en apoyo a jubilados cuando se contabilizaron 672 heridos. Esa jornada incluyó el disparo de un lanzagases que hirió al fotógrafo Pablo Grillo, impactos de balas de goma que provocaron la pérdida de visión en un ojo a Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso, y la agresión a la jubilada Beatriz Blanco.
Por caso, las detenciones arbitrarias también evidenciaron un incremento, ya que pasaron de 93 en 2024 a 165 en 2025, lo que representa una suba del 77%, y según la CPM muchas de estas aprehensiones se produjeron durante la desconcentración de las marchas alcanzando no solo a manifestantes sino también a transeúntes, trabajadores de prensa, personas en situación de calle y jubilados.
En ese sentido, el informe de la CPM agrega que la represión fue “sistemática pero selectiva”, con especial violencia en movilizaciones de menor magnitud como las protagonizadas por organizaciones de adultos mayores frente al Congreso, donde durante 2025 resultaron heridos 155 jubilados y 184 periodistas, además de documentarse la participación de fuerzas como la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en operativos que incluyeron portación de armas letales y tareas de inteligencia ilegal.
