En las últimas horas se reactivó la tensión por un presunto entramado en el que confluirían el empresario Leandro Camani, el fiscal platense Álvaro Garganta y el dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe y que estaría operando en una serie de causas que nuevamente incomodan al peronismo bonaerense y que, en el pasado reciente, tuvieron consecuencias directas en el Gabinete de Axel Kicillof.
En rigor, no se trataría de una alianza formal, ni de un esquema orgánico declarado. Según deslizan, hay una secuencia que se repetiría con llamativa regularidad: denuncias promovidas por Camani, expedientes que recaen en la fiscalía de Garganta y derivaciones políticas que encuentran amplificación en sectores opositores, entre ellos Yofe. Son misilazos al corazón del Gobierno provincial.
El antecedente más contundente fue la crisis que desembocó en la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense. Si bien el exfuncionario tenía anclaje político en el massismo y su relación con el gobernador Kicillof atravesaba tensiones internas, el impacto acumulado de las denuncias vinculadas al sistema de VTV y al esquema de fotomultas terminó por erosionar su continuidad.
El trasfondo de esta nueva escalada no puede escindirse del debate abierto en torno al sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, administrada por Axel Kicillof.
El entramado de convenios, empresas privadas y organismos públicos volvió al centro de la escena tras la reconfiguración de áreas estratégicas vinculadas al control del tránsito.
El CEAMSE, bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el radar político en medio de cuestionamientos cruzados sobre la administración y el alcance de decisiones institucionales. Aunque el organismo tiene como función principal la gestión de residuos, su conducción se vio salpicada por el clima de sospechas que rodea a distintos esquemas de contratación y control en la órbita provincial.
En ese contexto, la discusión sobre las fotomultas y los sistemas de fiscalización electrónica volvió a escalar. Los convenios firmados con municipios y empresas privadas, así como la distribución de los ingresos derivados de las infracciones, constituyen un terreno sensible que combina intereses económicos y disputas políticas. (Diputadosbsas)
