Jorge Otharán, representante legal de una de las familias afectadas por la tragedia del Club en Bahía Blanca, se refirió a los recientes allanamientos y a la línea investigativa que apunta a un posible encubrimiento y falso testimonio.
En el marco de la causa que investiga lo ocurrido durante el temporal de diciembre de 2023 —cuando la caída de un paredón provocó la muerte de trece personas—, en las últimas horas se llevaron adelante allanamientos y secuestros de teléfonos celulares. La medida, según confirmó el abogado Jorge Otharán en CAFEXMEDIO, había sido solicitada por su parte y finalmente fue autorizada por la fiscal Marina Lara.
“La medida del secuestro de los teléfonos celulares fue una de las tantas que solicitamos a principios de abril”, explicó el letrado, quien representa a una de las familias damnificadas.
Los procedimientos alcanzaron a los tres peritos que elaboraron el informe preliminar tras el hecho, así como a integrantes de la comisión directiva del club Bahiense del Norte, entre ellos Darío Faure, y al perito de parte de la institución, Horacio Varela. Todos los allanamientos se realizaron el lunes por la tarde.
Qué se busca en los celulares
Otharán detalló que el objetivo central es reconstruir posibles comunicaciones entre los involucrados que permitan esclarecer si hubo maniobras para alterar o influir en los informes técnicos posteriores a la tragedia.
Según indicó, la investigación se originó a partir de audios y chats hallados en el teléfono de uno de los imputados, que darían cuenta de reuniones entre miembros de la comisión directiva y peritos pocos días después del hecho.
“Se tiene que intentar acreditar si esas reuniones existieron, quiénes participaron y si hubo intentos de persuadir a los expertos para modificar sus conclusiones”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado explicó que no se está investigando la habilitación del club, sino posibles delitos cometidos con posterioridad, como falso testimonio y encubrimiento.
La gravedad de la causa
Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la calificación que hizo Otharán sobre esta línea de investigación.
“Lo que se investiga en esta causa es aún más grave que lo que se analiza en la causa principal”, afirmó, y explicó que se trata de delitos de carácter doloso, es decir, que implican intención.
De acuerdo a su planteo, la hipótesis es que ciertas personas podrían haber intentado ocultar lo ocurrido mediante la manipulación de testimonios o informes técnicos. “De acreditarse, se habría intentado llevar a la fiscalía una información que no se correspondía con la realidad”, agregó.
Posibles penas y próximos pasos
El abogado precisó que el delito de falso testimonio prevé penas de uno a cuatro años de prisión, mientras que el encubrimiento puede ir de seis meses a tres años, con agravantes que duplican esos márgenes.
En cuanto a lo que viene, Otharán indicó que los dispositivos secuestrados serán peritados por especialistas de la fiscalía, quienes analizarán la información contenida, incluso aquella que haya sido eliminada.
“Hoy la tecnología permite recuperar datos borrados, aunque lleve más tiempo”, señaló.
Finalmente, remarcó el trasfondo humano de la causa: “Se trata de un hecho gravísimo, con trece personas fallecidas y otras tantas con heridas severas. Lo que se busca es esclarecer la verdad y determinar responsabilidades”.
La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en función de lo que surja del análisis de los teléfonos incautados.
