Reclaman una indemnización de más de $40 millones y describieron las agresiones y las duras condiciones que atravesaron mientras estuvieron presos.
Fernando Gabriel Pereyra y Joaquín Ezequiel Álvarez, quienes estuvieron detenidos tras ser acusados falsamente de una violación, iniciaron una demanda civil contra la consejera escolar Fiorela Belén Damiani y también contra el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Reclaman una indemnización millonaria por los daños que aseguran haber sufrido durante el proceso.
La acción judicial fue presentada días atrás con el patrocinio del abogado Juan Ignacio Vitalini y exige una compensación de $40.320.000, además de intereses. No obstante, en el escrito se deja abierta la posibilidad de que la cifra se modifique de acuerdo a lo que surja de las pruebas que se produzcan durante el trámite de la causa.
El expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, cuyo titular es el juez Agustín López Cóppola. La demanda no solo apunta contra Damiani, sino también contra el Poder Judicial bonaerense, que deberá ser representado por la Fiscalía de Estado.
En el documento presentado ante la Justicia, Pereyra y Álvarez describieron el impacto que tuvo en sus vidas la denuncia que los llevó a quedar privados de la libertad durante varios días. El caso tuvo una fuerte repercusión en su momento y terminó con la condena de Damiani a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio.
Los denunciantes sostuvieron que su detención se produjo por una orden judicial solicitada por la fiscal Marina Marcela Lara y que fueron trasladados a dependencias de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), donde permanecieron alojados en calabozos.
Según su relato, la situación fue especialmente dura debido al tipo de delito por el que habían sido acusados. Afirman que otros detenidos tomaron conocimiento de la imputación y que eso derivó en agresiones y hostigamientos durante el tiempo que estuvieron bajo custodia.
En la presentación judicial también describieron las condiciones del lugar en el que permanecieron alojados. Indicaron que estuvieron incomunicados, sin acceso a visitas ni contacto con el exterior y en un espacio sin ventanas, lo que les impedía distinguir el paso del tiempo.
De acuerdo con el escrito, dormían en una estructura de hormigón, sin sanitarios y con una mínima ventilación. Esa situación, señalaron, agravó el impacto psicológico de la detención mientras intentaban comprender qué estaba ocurriendo con su situación judicial. (Infocielo)
