El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inició un proceso administrativo para contratar una auditoría técnica integral millonaria del sistema que administra las infracciones de tránsito, luego de detectar graves inconsistencias en la plataforma informática que procesa las fotomultas.
Según documentación oficial del expediente EX-2026-02102599-GDEBA-DSTECMTRAGP, el propio organismo reconoció que en el sistema existen al menos 682.000 actas de infracción absorbidas con valor cero, es decir, sin monto de multa y sin una trazabilidad clara que permita reconstruir el motivo de esa situación.
El dato surge de un informe técnico firmado por el director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense, Pablo Hernán Guarino, quien elaboró la justificación técnica para avanzar con una auditoría integral del sistema que administra las infracciones de tránsito en toda la provincia.
El sistema en cuestión es el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), la plataforma que centraliza todo el proceso sancionatorio provincial: desde la radicación de actas hasta el cálculo de deuda, notificaciones, descargos, resoluciones y pagos.
En el mismo documento técnico se advierte que el sistema presenta fallas estructurales, operativas y de seguridad que comprometen la integridad de los datos y la trazabilidad del flujo sancionatorio de las fotomultas, además de inconsistencias vinculadas al impacto de pagos que no se pueden determinar con precisión.
Entre los problemas detectados, figuran bases de datos saturadas, deficiencias en los mecanismos de conciliación de pagos, debilidades en la seguridad informática y el uso de usuarios genéricos con credenciales compartidas entre juzgados provinciales y municipios, una práctica que impide reconstruir con precisión quién realizó determinadas operaciones dentro del sistema.
También se advierte que el sistema SACIT carece de mecanismos adecuados de firma digital para resoluciones y actos administrativos, lo que genera interrogantes sobre la validez jurídica de determinados procesos dentro del circuito sancionatorio.
Por otra parte, el informe de la Dirección de Informática y Tecnología de la cartera bonaerense señala que la evidencia digital vinculada a las infracciones carece de controles criptográficos suficientes, lo que dificulta garantizar la integridad técnica de los registros y la cadena de custodia digital.
Fotomultas: los preparativos para una auditoría millonaria
En ese contexto, desde el Ministerio de Transporte comenzaron las averiguaciones para eventualmente iniciar el proceso de contratación de un Servicio de Auditoría Técnica Integral del sistema SACIT, que abarcará el análisis de bases de datos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, procesos automáticos y trazabilidad de registros.
En detalle, uno los documentos oficiales que indagan para iniciar el procedimiento administrativo fue firmado por el director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Transporte, Jorge Leopoldo Orzali, quien elevó la solicitud a la Dirección de Compras para poner en marcha el proceso de contratación.
De esta manera, la auditoría sobre el sistema que controla las fotomultas tendría un plazo de ejecución de doce meses y un presupuesto estimado de $990 millones anuales, equivalente a unos $82,5 millones mensuales, según la estimación elaborada por el área técnica del Ministerio de Transporte bonaerense.
El monto previsto para el servicio también generó sorpresa dentro de algunos sectores administrativos que intervienen en el expediente, quienes reconocen que no se esperaba una estimación de costo tan elevada para una auditoría tecnológica de estas características.
Fuentes del Ministerio de Transporte señalaron además que el avance del expediente habría contado con avales técnicos dentro del propio circuito administrativo. Según indicaron, el director provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías, Alejandro Steinmetz, habría dado la posibilidad de avanzar con la iniciativa luego de tratativas previas con él y con la jefa del área, la licenciada D’Agostino.
Dentro del Ministerio de Transporte, agregan las mismas fuentes, el proceso también contaría con la conformidad de Martín Clua y Patricio D’Angelo, funcionarios que intervienen en el circuito administrativo del expediente.
Fotomultas: la empresa candidata para quedarse con la auditoria
Fuentes administrativas señalaron que el cálculo presupuestario incorporado al expediente habría sido elaborado presuntamente por la empresa Deso Guar S.R.L., una firma constituida en febrero de 2023 en la ciudad de La Plata.
De acuerdo con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, la sociedad fue creada por María Julia Desocio y Naim Guarino, hijo de Pablo Hernán Guarino, actualmente director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense y firmante del informe técnico que impulsó la auditoría del sistema.
La presunta coincidencia entre el funcionario que impulsa la auditoría del sistema y la presencia de un familiar directo en una empresa mencionada como posible referencia en el cálculo del presupuesto del expediente abre interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses, ya que el área técnica que dirige Guarino interviene directamente en la definición de las características del servicio a contratar.
La firma, que podría quedarse con la auditoria millonaria, posee un objeto social vinculado a servicios tecnológicos, consultoría informática, sistemas y manejo de datos, entre otras actividades relacionadas con el desarrollo y análisis de plataformas informáticas.
Cambio de gerencia en la empresa
Según otra publicación del Boletín Oficial bonaerense, en septiembre de 2025 la sociedad registró un cambio en su conducción: María Julia Desocio renunció a la gerencia y fue designado como nuevo gerente Juan Bautista Melzi, quien asumió por el plazo restante de duración de la sociedad.
Melzi fue mencionado en distintas investigaciones periodísticas vinculadas a estructuras empresarias y operatorias financieras en la ciudad de La Plata, en particular en informes sobre el funcionamiento del mercado paralelo del dólar.
Mientras tanto, el proceso administrativo para contratar la auditoría del sistema SACIT ya comenzó a generar cuestionamientos dentro del propio ámbito administrativo, tanto por el monto previsto ($990 millones) como por posibles incompatibilidades vinculadas a los equipos técnicos que podrían intervenir en la evaluación del sistema y por figuras que serían parte de la operatoria. (diputadosbsas)
