El Gobierno nacional modificó por decreto la normativa migratoria para impedir el ingreso y disponer la expulsión de extranjeros que inciten a la violencia o al odio contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos patrios. La medida fue justificada en el marco de la denominada “campaña anti Argentina” que, según la Casa Rosada, se intensificó durante el Mundial de fútbol.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de impedir el ingreso y permitir la expulsión de extranjeros que promuevan discursos de odio o actos de hostilidad contra la Argentina.
La nueva normativa establece que podrán ser rechazados en frontera quienes hayan emitido mensajes que inciten a la violencia o al odio contra el pueblo argentino o sus habitantes por razones de nacionalidad.
Asimismo, el decreto incorpora como causal para denegar el ingreso o cancelar una residencia la participación, instigación o realización de actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
También podrán cancelar residencias
La reforma habilita además al Estado nacional a revocar la residencia de extranjeros que incurran en este tipo de conductas y, según cada caso, ordenar su salida del país o disponer su expulsión.
No obstante, el decreto aclara expresamente que estas disposiciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas de carácter político, académico o ciudadano que se encuentren protegidas por la Constitución Nacional y el derecho a la libertad de expresión.
El argumento del Gobierno
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que en los últimos meses se registró un incremento “considerable” de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra la Argentina, su cultura y su identidad nacional.
Según el Gobierno, esa situación se hizo especialmente visible durante el Mundial de fútbol y continuó una vez finalizada la competencia, en lo que desde la Casa Rosada definieron como una “campaña anti Argentina”.
Con este decreto, el Ejecutivo amplía las facultades previstas en la legislación migratoria para actuar frente a extranjeros que, a su criterio, desarrollen conductas que atenten contra el orden público, la convivencia y los intereses nacionales.
