El administrador de consorcios David Cabarcos advirtió que la obligación de contratar guardavidas durante cinco meses podría disparar las expensas y llevar a que numerosos edificios de la ciudad clausuren sus natatorios durante la próxima temporada de verano.
La medida rige en toda la provincia de Buenos Aires y, según explicó, la mayoría de los consorcios que conoce ya decidió no habilitar sus piletas.
“La decisión es contratar guardavidas o cerrar el espacio, lamentablemente”, resumió el administrador al describir el escenario que atraviesan los consorcios.
Cabarcos señaló que la normativa, vinculada al Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015, comenzó a exigirse de manera efectiva y alcanza a los natatorios de los edificios, con excepción de las casas particulares contempladas en la ley.
El principal problema, explicó, es que la obligación de contar con un guardavidas durante el período en que la pileta permanece abierta se combina con las condiciones de contratación del sector, que establecen un período mínimo de cinco meses y jornadas de seis horas diarias.
“Los guardavidas se contratan por cinco meses mínimo, por lo cual, para tenerla abierta, necesitarías dos guardavidas, más un parquero”, afirmó, al describir los costos que podría implicar mantener habilitada una pileta.
Expensas más caras y piletas cerradas
El impacto económico es uno de los principales motivos de preocupación. De acuerdo con Cabarcos, los gastos adicionales podrían elevar considerablemente las expensas y generar conflictos entre propietarios, inversores e inquilinos.
“Tenés inquilinos que te dicen: ‘Mirá, si eso nos traslada las expensas, tengo que dejar el departamento’”, relató. También mencionó el caso de los propietarios que alquilan sus unidades y temen que el aumento de los gastos comunes vuelva sus departamentos menos competitivos en el mercado inmobiliario.
En ese sentido, señaló que algunos inversores consideran inviable afrontar expensas que podrían alcanzar los 400.000 pesos en determinados casos, aunque no precisó a qué edificios correspondería esa cifra.
La situación también afecta a quienes alquilaron una vivienda con pileta y esperan utilizarla durante el verano. “Yo alquilé esto con pileta y ahora no la voy a poder usar”, resumió Cabarcos al describir uno de los planteos que reciben los administradores.
Frente a este panorama, aseguró que la mayoría de los consorcios con los que conversó en el ámbito de la cámara de administradores se inclina por cerrar las instalaciones durante esta temporada y esperar novedades para el próximo año.
“Hasta ahora, todos los edificios han ido decidiendo, por lo menos por esta temporada, cerrarla y ver qué sucede para el año que viene”, explicó.
Según indicó, solo escuchó de dos o tres edificios que habrían optado por contratar guardavidas. Se trataría, principalmente, de consorcios más pequeños, donde los propietarios pueden llegar a un acuerdo con mayor facilidad.
Una obligación difícil de cumplir
Además del costo, Cabarcos advirtió sobre otro inconveniente: la disponibilidad de personal. Según sostuvo, actualmente no habría suficientes guardavidas en la provincia para cubrir la demanda que generaría la aplicación generalizada de la medida.
“Si todos los edificios quisieran decir: ‘Bueno, vamos a poner guardavidas’, no hay esa cantidad de guardavidas, no solo en Mar del Plata, en ninguna ciudad de la provincia para abastecerlos”, afirmó.
Incluso, mencionó las dificultades que ya enfrentan los countries y los barrios privados para conseguir personal durante la temporada de verano.
El administrador también cuestionó la exigencia de contratar por cinco meses cuando el uso de las piletas se concentra, en muchos casos, en enero y febrero. Recordó que, durante su experiencia administrando el complejo Pago Chico, intentaron adecuar la contratación al período de mayor utilización, pero no lograron modificar las condiciones establecidas.
“Tenías dos meses, dos meses y medio de guardavidas sentado, tomando mates, que no había nadie en la pileta”, recordó. A pesar de esa situación, explicó que debieron contratar el servicio durante el período exigido.
Cabarcos reconoció que los riesgos de accidentes existen en cualquier natatorio y que las piletas de los edificios pueden recibir tanto a residentes como a invitados. Sin embargo, consideró que la obligación resulta difícil de implementar por sus costos y por las condiciones prácticas de contratación.
“Es inviable desde lo económico y desde la práctica también”, insistió. Además, indicó que la normativa no distinguiría entre los distintos tipos de instalaciones y que también alcanzaría a los espejos de agua.
Riesgos legales y falta de respuestas
Otro de los puntos que preocupa a los administradores es la responsabilidad que podría recaer sobre los consorcios si deciden mantener abiertas las piletas sin cumplir con la exigencia.
Cabarcos explicó que, de acuerdo con las consultas realizadas por la cámara de administradores a sus asesores legales, frenar la aplicación de una ley no es sencillo. Advirtió que, ante un accidente, la falta de cumplimiento podría generar problemas con la cobertura de los seguros y responsabilidades civiles y penales para el consorcio y los propietarios.
Por ese motivo, sostuvo que cerrar las instalaciones aparece como la alternativa más viable para muchos edificios, al menos hasta que se conozcan posibles cambios en la normativa.
Consultado sobre la posibilidad de modificar la ley, señaló que el tema fue analizado por la cámara y sus asesores, pero que, según la información que manejan, la Legislatura bonaerense no lo trataría durante este año.
Mientras tanto, los administradores deberán informar a los propietarios sobre la situación y las alternativas disponibles. “Nosotros obviamente somos mandatarios de los propietarios. Nuestra obligación como administradores es informarlo, ponerlo en contexto y después la decisión la toman los propietarios”, aclaró.
Cabarcos no pudo precisar cuántos edificios de Bahía Blanca tienen piletas alcanzadas por la medida, aunque estimó que podrían ser más de 50.
La problemática excede a la ciudad y alcanza a otros puntos de la provincia, incluidos destinos turísticos como Monte Hermoso. Por ahora, la decisión que predomina entre los consorcios consultados es cerrar las piletas para evitar el impacto económico de la contratación obligatoria.
“Hay que bajar a la realidad y decir: bueno, está y hay que cumplirla de una forma u otra”, concluyó el administrador.
