La Sociedad Rural Argentina (SRA) cuestionó una nueva medida del gobierno de Axel Kicillof que establece mayores obligaciones de información para los empleadores bonaerenses. La entidad rechazó la implementación de un formulario mensual obligatorio y advirtió que sumará burocracia y costos administrativos a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
El planteo apunta a la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo provincial, encabezado por Walter Correa, que creó el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.).
La herramienta exigirá a los empleadores presentar una declaración jurada mensual con información sobre los salarios abonados, las jornadas laborales y los mecanismos utilizados para registrar las horas trabajadas. También deberán adjuntar los recibos de sueldo y los comprobantes bancarios que acrediten el pago de los haberes.
La obligación alcanzará a quienes tengan domicilio legal o fiscal en la provincia de Buenos Aires, desarrollen actividades en territorio bonaerense o cuenten con trabajadores en relación de dependencia dentro de la jurisdicción.
Durante diciembre de 2026, la presentación será voluntaria. Sin embargo, desde enero de 2027 tendrá carácter obligatorio para todas las actividades.
El rechazo de la Sociedad Rural
A través de un comunicado, la entidad que preside Nicolás Pino consideró que la iniciativa representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y cuestionó la incorporación de nuevos requerimientos en un contexto económico complejo.
“Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”, señalaron.
La Sociedad Rural reconoció que el Estado debe controlar el cumplimiento de las normas laborales, pero advirtió que esa tarea no debería traducirse en una multiplicación de trámites y exigencias para el sector privado.
Por ese motivo, pidió al Gobierno bonaerense y al Ministerio de Trabajo que revisen la resolución y reconsideren sus alcances.
Qué sostiene el Gobierno bonaerense
Desde la cartera laboral defienden el sistema como una herramienta para fortalecer las tareas de fiscalización y detectar posibles irregularidades antes de realizar inspecciones presenciales.
Entre los objetivos mencionan identificar pagos parciales o fuera de término, subdeclaraciones salariales e incumplimientos vinculados con las jornadas de trabajo.
Correa también vinculó la implementación de F.U.T.U.R.O. con los cambios introducidos por la reforma laboral nacional. Según sostuvo, la Provincia debe preservar sus facultades constitucionales para controlar las relaciones laborales.
“F.U.T.U.R.O. es una clara respuesta al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza nuestro poder de policía en materia inspectiva”, afirmó el ministro.
Las empresas deberán realizar las presentaciones a través del Portal de Trabajo provincial y conservar la documentación respaldatoria durante al menos dos años. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones previstas por la normativa laboral vigente.
La medida abrió un nuevo frente de conflicto entre la administración de Kicillof y sectores empresarios. Mientras el Gobierno defiende el formulario como un mecanismo para garantizar derechos laborales, la Sociedad Rural advierte sobre el impacto de las nuevas exigencias en la actividad productiva.








