El 30 de octubre de 1983 quedó grabado para siempre en la historia argentina. Ese día, millones de ciudadanos concurrieron a las urnas y eligieron a Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación. No fue solamente una elección: fue el comienzo de una nueva etapa institucional después de los años más oscuros de la última dictadura militar.
A 43 años de aquel triunfo, la figura de Alfonsín vuelve a ocupar un lugar central en la memoria colectiva. Su llegada a la Casa Rosada significó mucho más que el regreso de un gobierno elegido por el pueblo: representó la recuperación de las libertades individuales, de la libertad de expresión, del derecho a opinar sin miedo, de la participación política y de la posibilidad de construir un país donde las diferencias pudieran resolverse a través de las instituciones y no mediante la violencia.
Pero hubo una decisión que marcó especialmente su Presidencia y que sigue distinguiendo aquel momento histórico: Alfonsín había asumido durante la campaña el compromiso de que los crímenes de la dictadura no quedarían impunes y, una vez en el gobierno, avanzó con el juzgamiento de los máximos responsables del terrorismo de Estado.
La decisión no fue sencilla ni estuvo exenta de presiones. El gobierno democrático dispuso inicialmente que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas interviniera en el juzgamiento, pero, ante la falta de avances, la Cámara Federal asumió la causa y llevó adelante el proceso en la Justicia civil. De esa manera, los militares que habían ejercido el poder de facto terminaron sentados frente a jueces civiles, sometidos a las leyes de la República y no a los tribunales de sus propias fuerzas.
El 9 de diciembre de 1985 llegó una sentencia histórica. Cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares fueron condenados. El Juicio a las Juntas se convirtió en un acontecimiento de enorme trascendencia internacional: por primera vez en la historia contemporánea, un país que recuperaba la democracia juzgaba a los máximos responsables de una dictadura militar mediante sus propias instituciones judiciales.
Ese fue, quizás, uno de los legados más trascendentes de Alfonsín: demostrar que la democracia no podía construirse sobre el olvido ni sobre acuerdos de impunidad con quienes habían quebrado el orden constitucional y cometido gravísimos delitos contra la sociedad.
La historia posterior también merece ser recordada. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem llegaron los indultos presidenciales de 1989 y 1990, que beneficiaron a militares procesados y a los condenados en el Juicio a las Juntas, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros integrantes de las cúpulas represivas. Una decisión que significó un retroceso en el camino de justicia iniciado en 1983 y que provocó importantes movilizaciones y el rechazo de los organismos de derechos humanos.
Por eso, cuando hoy se habla de memoria, verdad y justicia, también resulta legítimo recordar aquellos indultos y preguntarse por qué algunas voces que actualmente reivindican con énfasis los derechos humanos guardaron silencio, relativizaron o no le dieron la misma trascendencia a aquella decisión de Menem. La defensa de los derechos humanos exige coherencia, independientemente de quién gobierne y de qué signo político tenga.
A 43 años de aquel 30 de octubre, recordar a Raúl Alfonsín es recordar el valor de la palabra empeñada, la importancia de las convicciones y la responsabilidad de gobernar sin renunciar a los principios fundamentales de la democracia.
Porque la democracia no consiste solamente en votar cada dos o cuatro años. También significa poder hablar, escribir, pensar, disentir, reclamar y expresar libremente las ideas sin temor a ser perseguido. Significa que nadie está por encima de la ley y que el poder debe estar sometido a las instituciones.
Alfonsín entendió que el regreso democrático no podía limitarse a entregarles a los argentinos una urna. Había que devolverles la dignidad, las libertades y la confianza en que la Justicia podía actuar incluso frente a quienes habían tenido el poder absoluto.
Su histórico discurso de campaña, su defensa de la Constitución y su decisión de impulsar el Juicio a las Juntas forman parte de un capítulo fundamental de nuestra historia.
El 30 de octubre de 1983 no solamente ganó Raúl Alfonsín. Ese día ganó la posibilidad de que los argentinos volviéramos a ser dueños de nuestro destino. Y esa conquista, 43 años después, merece ser recordada, defendida y valorada todos los días.
