En diálogo con CAFEXMEDIO, el concejal de Juntos, Adrián Jouglard, abordó dos temas de fuerte impacto en la comunidad: la inminente participación de vecinos de Ingeniero White en la Banca 25 del Concejo Deliberante y la controversia por el supuesto aumento unilateral de tarifas por parte de algunos taxistas.
En ambos casos, apuntó al rol ausente del Ejecutivo municipal.
Banca 25: Ingeniero White alza la voz
El próximo jueves a las 11 de la mañana, vecinos de Ingeniero White ocuparán la Banca 25 para expresar públicamente sus reclamos en torno a la trágica inundación que sufrió el barrio y exigir respuestas por parte del Estado. “Está coordinada con los vecinos. Van a hacer uso de la banca y expresar sus inquietudes sobre lo que pasó el día de la tragedia y sobre obras futuras”, explicó Jouglard.
La participación ciudadana en esta instancia está regulada por un tiempo de exposición de 10 minutos, aunque según el concejal, “no es estricto”, y se busca aprovechar ese tiempo con antelación de materiales visuales o escritos. “En alguna reunión que ellos vinieron les pedimos si podían adelantar imágenes o información para no perder tiempo en esos minutos clave”, agregó.
Sobre el reclamo central, Joulard fue claro: “El problema más grande fue lo que permaneció el agua. En Bahía Blanca a las 6 o 7 de la tarde ya había escurrido en gran parte, pero White estuvo casi dos días más con agua. Eso se debió a la falta de escurrimiento, con pluviales tapados, taludes, y una compuerta dentro de una empresa que se abrió tarde”.
Taxis sin control: “Cada cual resuelve a su manera”
Consultado por el supuesto aumento “de prepo” de las tarifas de taxis, Jouglard aclaró que el Concejo no ha recibido ningún expediente al respecto desde julio del año pasado, y que cualquier ajuste unilateral por parte de los choferes “es una falta a la ordenanza”.
“Nosotros desde el Concejo no tenemos nada. Si algunos taxistas aumentaron la tarifa por su cuenta, eso es algo que debe controlar el Ejecutivo. Nosotros no podemos intervenir si no hay expediente”, aseguró. Y fue más allá: “Hacerlo sin los caminos legales es hasta un delito, porque es un transporte público”.
La crítica se hizo aún más firme al señalar que “el Ejecutivo no está cumpliendo con su rol de controlar ni de comunicar los valores vigentes. Debería usar sus medios publicitarios o hacer notificaciones para recordar cuánto cuesta la bajada de bandera y la ficha, porque hoy el ciudadano no tiene de dónde agarrarse”.
Según Jouglar, la situación amerita una urgente actualización tarifaria, pero dentro de los canales legales. “Entendemos que los costos han subido, pero si no hay resolución, termina siendo una anarquía. Cada cual resuelve a su manera”.
Por último, destacó que tras la polémica, la Comisión de Tránsito del Concejo se comunicó con la Subsecretaría de Movilidad para solicitar explicaciones y exigir que se retome el tratamiento del expediente correspondiente.
