El senador de Hechos – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, busca crear un sistema digital que alerte ante el faltante de medicamentos en hospitales.
Ante la inminente sesión para tratar la ley que funda la empresa pública de medicamentos, el senador bonaerense de Hechos – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un proyecto para crear un Sistema Provincial de Alerta Temprana y Respuesta ante Faltantes de Medicamentos Hospitalarios, con el objetivo de prevenir interrupciones en la atención de pacientes de hospitales provinciales y establecer mecanismos concretos para actuar cuando haya problemas de abastecimiento.
La iniciativa busca que los establecimientos no solo registren sus existencias, sino que puedan anticipar cuando un medicamento esté por agotarse y obtener una respuesta de las áreas responsables de su provisión.
La propuesta de Leguizamón se conoce en medio del debate legislativo por el abastecimiento de medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno de Axel Kicillof quiere avanzar con la creación de una empresa pública de medicamentos bajo la órbita del Ministerio de Salud, impulsada por el ministro Nicolás Kreplak, la iniciativa del senador de La Plata apunta a organizar un sistema de prevención, comunicación y respuesta ante los faltantes que puedan afectar a los hospitales.
El proyecto del Ejecutivo ya cuenta con los dictámenes de comisión y se encuentra incluido en el temario de la quinta sesión ordinaria del Senado bonaerense, convocada para este jueves 5 de noviembre, con la que Kicillof intentará darle media sanción tanto a esa propuesta como a la iniciativa que busca darle un marco normativo a las aplicaciones de delivery y de transporte.
Por caso, el texto del senador de Hechos – UCR Identidad establece que el sistema de alerta será obligatorio para los hospitales dependientes del Ministerio de Salud bonaerense y para los depósitos, programas y unidades provinciales que participen del abastecimiento, al tiempo que contempla la incorporación de establecimientos de gestión compartida mediante acuerdos e invita a los municipios a adherir para incluir a sus nosocomios en los mecanismos de cooperación.
Al igual que con la empresa de Kicillof, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud, que debería coordinar las áreas vinculadas con medicamentos, hospitales, logística y compras. Para evitar la creación de estructuras administrativas paralelas, la iniciativa de Leguizamón establece que se deberán aprovechar prioritariamente los registros, sistemas informáticos y recursos existentes, articulándolos para evitar que los establecimientos tengan que cargar la misma información más de una vez.
En los fundamentos, el senador sostiene que la disponibilidad de medicamentos depende de una cadena de decisiones que incluye la programación de las necesidades, la adquisición, la verificación de las entregas, la conservación y la distribución de los productos, y advierte que una dificultad en cualquiera de esas etapas puede interrumpir la provisión, incluso cuando existan unidades disponibles en otro punto de la red sanitaria. “Contar con registros de stock es necesario pero insuficiente. La información debe generar una respuesta: identificar quién interviene, qué medida adoptará y en qué plazo”, plantea el legislador.
De esta manera, uno de los puntos centrales del escrito tiene que ver con que el sistema no esperaría a que se agoten las últimas unidades para activar una respuesta. Es que, el proyecto diferencia entre el riesgo de faltante, cuando las existencias y las entregas confirmadas no alcanzan para cubrir la demanda hasta la próxima reposición, y el faltante efectivo, que se produce cuando ya no hay medicamentos suficientes para atender una necesidad asistencial.
Por otro lado, el proyecto de Leguizamón incorpora la categoría de faltante crítico para los casos en los que la interrupción del consumo de ese medicamento pueda provocar un daño grave, afectar un tratamiento indispensable o comprometer una prestación esencial de los pacientes.
En ese sentido, Leguizamón propone que el Ministerio de Salud elabore un listado de medicamentos prioritarios y establezca umbrales de alerta para cada producto o grupo. Para definirlos, deberá considerar factores como la importancia para emergencias y tratamientos continuados, la existencia de alternativas terapéuticas, la demanda de cada hospital, los vencimientos y los tiempos que requiere la reposición. Así, los parámetros no serán iguales para todos los medicamentos, sino que deberán ajustarse a las necesidades y características de cada establecimiento.
Cómo funcionaría el sistema de alerta ante faltantes de medicamentos
Los hospitales tendrán que mantener actualizados los registros sobre las existencias disponibles, los medicamentos comprometidos para necesidades asistenciales, los lotes y vencimientos, el consumo previsto, los pedidos pendientes y las entregas confirmadas. El proyecto aclara que los productos vencidos, retirados o que no estén en condiciones de utilizarse no podrán contabilizarse como disponibles.
Para el correcto funcionamiento del sistema de alerta que busca crear Leguizamón, cada establecimiento deberá designar responsables para registrar y comunicar los faltantes, con intervención de los servicios de farmacia y las áreas asistenciales, aunque la iniciativa aclara que esa tarea no trasladará al personal farmacéutico responsabilidades de compra o financiación que no correspondan a sus funciones.
Una vez detectado un riesgo de faltante o una falta efectiva, el hospital deberá informar la situación al área provincial coordinadora, precisar qué medicamento necesita, cuándo podría agotarse, qué atención está comprometida, qué gestiones de abastecimiento realizó y qué alternativas existen, si las hubiera. Los casos críticos deberán comunicarse de inmediato, incluso fuera del horario administrativo, mientras que las restantes alertas tendrán que enviarse como máximo durante el primer día hábil posterior a su detección.
A partir de esa comunicación, el área coordinadora deberá iniciar la gestión y registrar un plan de respuesta dentro de las 24 horas corridas para los casos críticos, mientras que paa las demás situaciones el plazo será de dos días hábiles. El texto aclara que esos tiempos son límites para documentar las medidas, y que no habilitan a demorar una intervención que deba realizarse antes por razones clínicas.
Las respuestas podrán incluir la verificación de existencias en depósitos y otros hospitales, la redistribución de medicamentos entre establecimientos, el seguimiento de entregas comprometidas, la gestión de nuevas adquisiciones o la coordinación con programas públicos, laboratorios oficiales y otras jurisdicciones. Además, se contempla la evaluación profesional de alternativas terapéuticas y, cuando sea necesario, la organización de una derivación asistencial segura.
Para el legislador, una de las claves es anticiparse al agotamiento de las existencias y no esperar a que la falta afecte directamente la atención. “Aguardar a que se dispense la última unidad reduce las posibilidades de solucionar el problema sin afectar la atención”, sostiene Leguizamón en el texto, por lo que considera que las alertas deben activarse cuando el consumo previsto indique que el stock podría agotarse antes de la próxima entrega confirmada. (diputadosbsas)
