Un conflicto entre la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) generó demoras en la operatoria del Puerto de Bahía Blanca, con más de 400 camiones afectados y pedidos de intervención al Gobierno nacional.
La CPPC manifestó su “profunda preocupación” por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el pasado 19 de agosto por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
A través de una presentación formal ante la titular del organismo, Mara Mentoro, la entidad solicitó una intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de las sanciones que correspondan.
Reclamo por horas extras y movimiento de personal
Según denunció la Cámara, la situación adquirió especial gravedad en Bahía Blanca luego de que delegados gremiales comunicaran a las terminales portuarias que los trabajadores se negarían a realizar horas extraordinarias y que tampoco permitirían el reemplazo o la derivación de personal entre distintos sectores.
La CPPC sostuvo que, aunque las horas extras son voluntarias por ley, en la actividad agroexportadora constituyen una práctica habitual debido al régimen operativo 24 horas, los 365 días del año.
Desde la entidad señalaron que estas tareas resultan necesarias para sostener el ritmo de recepción y despacho de granos y que, además, representan un componente importante del ingreso de los trabajadores.
También cuestionaron la negativa a cubrir vacantes o realizar tareas momentáneas en otros sectores, al considerar que esa situación afecta el funcionamiento de la cadena logística.
Como consecuencia de las medidas, más de 400 camiones permanecen demorados en las inmediaciones del Puerto de Bahía Blanca, según informó la CPPC.
La entidad advirtió que las demoras no sólo generan inconvenientes operativos, sino que también podrían derivar en consecuencias comerciales ante los compromisos de exportación asumidos por las empresas.
El reclamo salarial, en el centro del conflicto
El conflicto tiene como uno de sus principales ejes la discusión salarial entre el gremio y las empresas portuarias.
Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales aseguraron que, antes del dictado de la conciliación obligatoria, habían presentado una propuesta que consideran superadora.
Según la entidad, la oferta contempla un incremento salarial del 31,9% para enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según sus cálculos, se ubica por encima de la inflación anual proyectada por el Gobierno nacional y organismos técnicos, estimada en 30,2%.
Además, la propuesta incluye una suma extraordinaria de $359.095 para la tercera categoría, con montos proporcionales para las restantes categorías.
La Cámara indicó que ofreció pagar esa suma de manera acelerada, en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
Pese a esa propuesta, la entidad empresaria cuestionó que Urgara haya decidido mantener las medidas y sostuvo que el gremio desatendió la intimación oficial para garantizar la prestación normal de los servicios.
Piden una intervención urgente
Ante el impacto que el conflicto está generando sobre la actividad portuaria, la CPPC reclamó al Gobierno nacional que intervenga para garantizar el cumplimiento de la conciliación obligatoria y normalizar la operatoria.
La situación mantiene en alerta al sector agroexportador, particularmente en Bahía Blanca, donde la circulación de camiones y la recepción de granos resultan claves para el funcionamiento de las terminales y el cumplimiento de los compromisos de exportación.
