Esas fueron las palabras de Guillermo Mercuri, Juez de Garantías de nuestra ciudad, quien remarcó que se trataba de una “exigencia ilegítima” porque tenían el “control absoluto” de los trabajos que se realizaban en el cementerio local. “La amenaza era que, en caso de no entregar el dinero, perdían el trabajo”, añadió.
“Existe una nómina de personas que son los únicos autorizados a realizar tareas de albañilería dentro del cementerio. En lo que coinciden los testigos es que Caramelli reunió a este grupo de gente en una oficina, a puertas cerradas, con Pombo y les dijo que a partir de ese momento todos iban a seguir trabajando pero iban a tener que hacer una entrega de $50 por cada obra que efectivamente realizaran. En eso consistía esta exigencia ilegítima”, indicó Mercuri a CAFEXMEDIO.
Mercuri agregó que “ellos tenían el absoluto control sobre cuántas obras se realizaban y quién las realizaba porque uno no puede ir a contratar directamente sino que tiene que hacerlo a través de la administración indicando qué obra va a hacer y con qué persona de las que integran esa nómina va a realizar la obra”.
“La exigencia era para el albañil que tenía que entregar de cada obra que efectivamente realizaba $50. La amenaza era, en caso de no entregarla, de perder el trabajo. El fiscal entendió que se trataba de una extorsión y no de alguna otra figura como el cohecho o lo que se conoce como coima porque era una exigencia indebida. Tenían que pagar antes de que Caramelli ingresara, durante la gestión de Caramelli y hoy también cualquier trabajo que uno quiera hacer dentro del cementerio tiene que abonar por ese trabajo”, sostuvo.
El Juez local comentó que los albañiles “indicaron el perjuicio que esto les generaba porque dentro de lo que ellos cobraban por hacer ese trabajo, en el costo de su trabajo se les iba un porcentaje importante de ese costo en esta devolución que tenían que hacer a Caramelli y a Pombo que era la persona que, en definitiva, todos los fines de semana, o cada diez días, según indican ellos, recaudaba la suma de dinero que a cada uno le correspondía”.
“Caramelli y Pombo están detenidos en esta causa porque está acreditado que es un delito grave, sobre todo por la cantidad de hechos que se le están imputando. 8 hechos de extorsión, donde se ha tenido justamente en cada hecho a cada una de las víctimas sumado en el tiempo que esa extorsión se llevó a cabo, es decir, entre febrero del 2007 hasta fines del 2010, lo cual indica que el delito que en expectativa, hoy por hoy, se prevería para ellos parte de un mínimo de cinco años de prisión y, teniendo en cuenta la suma de delitos que se le están imputando, el máximo de pena en expectativa en orden a estos hechos alcanzaría el máximo legal que prevé nuestro Código Penal que es de 50 años porque en realidad lo supera pero nuestro ordenamiento legal no permite imponer una pena superior a ese límite”, remarcó.
Mercuri agregó que “hay ocho damnificados, se le imputa ocho hechos de extorsión pero lo que pasa que en cada uno de los damnificados se ha extendido durante un período de tiempo y, en realidad, si se analiza individualmente cuántos hechos o cuántas obras cada uno de los albañiles estos realizó y por las cuales tuvo que pagar $50 se extienden a un poco más de 1000 obras”.
“El Fiscal va a determinar si requiere la declaración del ex intendente, el Dr. Cristian Breitenstein. Lo cierto es lo que yo te puedo decir que al menos en el análisis de la causa, que de las constancias que existen en la causa hasta este momento, esta maniobra delictiva comienza y termina en la persona de Caramelli y Pombo. Es decir, no existe ningún indicio que permita presumir que se extienda a terceras personas”, enfatizó.
Con respecto a la continuidad de la investigación, el Juez de Garantías local aclaró que “hasta aquí es una investigación unilateral, es decir, el fiscal reúne elementos de prueba por los cuales entiende que puede imputar a una persona y, a partir de este momento, donde la imputación en este caso concreto a través de la detención se formaliza y empieza a ejercer la defensa, el encausado o tiene la posibilidad de empezar a ejercerla”.
“A partir de esto si bien la detención, en principio, no es recurrible, podrían, en todo caso, apelando a algún argumento doctrinario, recurrir la detención, pueden pedir ellos a través de sus defensores la excarcelación. A partir de este momento es que empiezan a intervenir los imputados y sus defensores con la posibilidad de defenderse aportando todos los elementos de prueba que entienda los pueda desvincular del hecho”, expresó.
Para finalizar, aseguró que “no existe ninguna razón para que se revoque el arresto domiciliario que oportunamente se le otorgó porque tiene que ver con una cuestión de salud, por más que a Caramelli se le imputen 20 hechos más de extorsión o de otra causa”.
En la medida que esa situación concreta, es decir, su estado de salud no varíe, no afecta la imputación de otras causas porque lo que determina es el estado de salud, no la gravedad del o los hechos que se le puedan estar imputando”, finalizó.
