En unos días más se sabrá si le cabe algún reproche legal a la gestión subrogante que realizó el juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. Fueron apenas seis meses, entre junio y diciembre de 2015, pero motivaron un sumario abierto por el propio magistrado y luego una instrucción preliminar que, después de casi 7 años, está a punto de culminar.
Fue clave en ambos procesos, la declaración de una decena de empleados del Juzgado bahiense, que apuntaron, mayoritariamente, contra colaboradores de Ramos Padilla, hoy al frente del clave juzgado electoral 1 en La Plata. Algunos llegaron con él desde Dolores y otros desde la Procuración y el Consejo de la Magistratura, organismo que lo nombró en reemplazo de Santiago Ulpiano Martínez.
Entre los primeros, estaba Gustavo Puppo, secretario del juez en Dolores y “una de las manos derechas” de Ramos Padilla durante su interinato en Bahía Blanca, según una fuente. Puppo es uno de los candidatos a sucederlo en el juzgado de Dolores, en el que ya está nominado para la instancia de la entrevista personal, después del examen inicial, y fue beneficiado por el kirchnerismo.
Al menos dos empleados del juzgado 1 bahiense lo vincularon con hechos que podrían encuadrar en una coacción ideológica y abuso de autoridad. Habrían ocurrido en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos, el área en la que la gestión de Ramos Padilla mostró mayor o casi exclusivo interés durante el interinato en Bahía Blanca.
Allí Puppo, junto a Mauro Labozzetta, que también provenía de Dolores, se presentaron solo con sus nombres de pila, dijo una empleada. Pidieron tres expedientes, dos relacionados con delitos de lesa humanidad. Ambos formaban parte de la decena de personas con la que desembarcó Ramos Padilla, en el juzgado, en su primer día de subrogancia, en junio de 2015. (El Litoral)
