En diálogo con CAFEXMEDIO, María del Carmen Aguilar, profesora de educación especial con orientación intelectual, expresó su preocupación por los posibles cambios que se estarían evaluando.
Según explicó, estas modificaciones, aunque no oficializadas aún, implicarían priorizar la cercanía del domicilio de los estudiantes sobre la especialización de las instituciones educativas.
“La propuesta plantea que los estudiantes asistan a la escuela más cercana, sin importar si está especializada en la discapacidad que necesitan abordar, algo que va en detrimento de su educación y desarrollo. Esto no solo afecta la calidad educativa, sino que también ignora las particularidades que tienen cada una de nuestras instituciones”, aseguró Aguilar.
Bahía Blanca, históricamente conocida por sus escuelas con caracterización específica, cuenta con instituciones adaptadas para recibir a estudiantes con discapacidades neuromotoras, auditivas o intelectuales, entre otras. La docente señaló que estas especializaciones son esenciales: “En nuestra escuela, por ejemplo, todo está pensado para estudiantes con discapacidad intelectual, desde los espacios hasta los cargos docentes. No todas las instituciones tienen la infraestructura ni el personal capacitado para abordar otras necesidades”.
Además, subrayó la falta de recursos que acompañen estos cambios, lo que aumentaría la precarización laboral y educativa. “No van a contratar docentes especializados. Le pedirán a una maestra de discapacidad intelectual que le enseñe a un estudiante con discapacidad auditiva. En medio de esa transición, la vida de los estudiantes pasa, y ellos son quienes pierden herramientas para la vida”.
El impacto social de esta medida se haría visible en el aula: “Imaginate un alumno con autismo que tiene una hipersensibilidad auditiva y, al lado, otro con una disminución auditiva que necesita que le hablen más fuerte. Es un choque que perjudica a ambos y demuestra que estas decisiones se toman desde un escritorio, sin considerar lo que pasa realmente en las aulas”.
Aguilar también criticó la falta de claridad y el enfoque improvisado en las comunicaciones oficiales. Aunque la medida aún no ha sido formalizada, la incertidumbre ya genera preocupación en las escuelas y en los gremios docentes, que han iniciado acciones preventivas.
“Este tipo de decisiones no resuelven nada desde el escritorio. Sin recursos, lo que se busca es un recorte encubierto. Y quienes pagan las consecuencias son los chicos, siempre los chicos”, concluyó.
Mientras el ciclo lectivo se cierra con incertidumbre, docentes, familias y gremios aguardan definiciones concretas para enfrentar una medida que, de implementarse, podría transformar radicalmente la educación especial en la región.
