El juez federal de esa ciudad investiga a Austral Construcciones por el uso de comprobantes falsos para fraguar gastos inexistentes.
En una de las causas considerada como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero investigadas en “la ruta del dinero K”, el juez federal Walter López da Silva de Bahía Blanca citó a declaración indagatoria a Lázaro Báez en el expediente sobre la usina de facturas apócrifas que se usaban para fraguar supuestos gastos que supuestamente correspondían al pago de coimas, en las que participó su empresa insignia Austral Construcciones.
Según el expediente, Grupo Penta, Terrafari y Calvento (de Ficcadenti), Constructora Patagónica S.A. e Iberoamericana de Servicios emitieron facturas apócrifas a nombre de Austral Construcciones, publicó www.clarin.com
La AFIP, querellante en la causa, dio cuenta exacta de la íntima correlación existente entre las maniobras ilícitas desplegadas en la jurisdicción federal porteña por el Grupo Báez (Austral Construcciones S.A.) y los hechos que se habrían verificado en Bahía Blanca por las empresas que fabricaban y emitían las facturas truchas que luego Lázaro incorporaba a su contabilidad como comprobantes de supuestos gastos en verdad inexistentes. Además de las señaladas, el ente recaudador también señaló “presuntamente” a Rogelio Chanquía, por medio de la firma Mining Services.
La justicia sostiene que con esta estructura se buscó “simular gastos y reducir su carga impositiva”, y se apuntó a Ricardo Echegaray (aunque se revocó su imputación) por encubrimiento y al ex titular de la DGI Ángel Toninelli.
Esta causa fue tomada por el juez Sebastián Casanello como el delito precedente de la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, donde se investigaron maniobras de blanqueo por 60 millones de dólares.
Además, vinculado a esta usina de facturas apócrifas, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó a Báez por evasión tributaria, en una causa en la que Austral Construcciones está acusada por no pagar 80 millones de pesos en el año 2010. Durante los gobiernos kirchneristas, la firma de Báez obtuvo 52 contratos por 46.000 millones de pesos.
López Biscayart le atribuye al empresario K “haber presentado declaraciones juradas engañosas computando créditos fiscales y gastos inexistentes respaldados con comprobantes presuntamente falsos, y haber omitido exteriorizar ingresos provenientes de ventas gravadas y débitos fiscales derivados de las mismas”. Aunque el reclamo corresponde sólo al ejercicio 2010, se ampliará cuando el magistrado investigue otros ejercicios fiscales.
