La jueza María Gabriela Marrón desestimó la acusación argumentando que no se demostró que algún director haya dado una orden directa a un empleado para arrojar residuos.
En las últimas horas, el abogado de los pescadores artesanales, Lucas Bier, informó que la justicia desestimó la la acusación contra las empresas del Polo por la contaminación de la ría.
La Jueza María Gabriel Marrón dictaminó que no huo delito, al no poder comprobar que algún director haya dado una orden directa a un empleado para arrojar residuos.
En 2022, una resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo condenó al Estado Municipal, al Provincial, al Consorcio de Gestión del Puerto, empresas del Polo Petroquímico y a ABSA por haber generado un “probado daño ambiental” a la ría de Bahía Blanca.
El magistrado Agustín Coppola firmó la resolución en base a la pericia que realizó la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires tras una denuncia de un grupo de pescadores artesanales de Ingeniero White hecha hace más de 10 años.
Y expresó que “la variedad del material contaminante existente en el Estuario de Bahía Blanca en su conjunto ha provocado un daño ambiental”.
Los pescadores habían realizado la demanda ya que su pesca se vio afectada por la presencia de metales pesados y otros elementos contaminantes.
El fallo de 54 páginas habla de “daños colectivos ambientales causados al ecosistema” y menciona que el estuario constituye “una zona de refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de importancia comercial”, además de delfines y lobos marinos que tienen una colonia en la Isla Trinidad.
Así el juez ordenó a Solvay Indupa S.A.I.C (Unipar Indupa S.A.I.C), Transportadora de Gas del Sur S.A., Petrobras Argentina S.A. (Pampa Energía S.A.), Compañía Mega S.A., Profertil S.A., Cargill S.A.C.I., PBB Polisur S.A. (PBB Polisur S.R.L.), Dow Química Argentina S.A., Aguas Bonaerenses S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y las tercero citadas Municipalidad de Bahía Blanca, Azurix Buenos Aires S.A. en liquidación y Ace Seguros S.A. (Chubb Argentina de Seguros S.A.) a pagar en los próximos 60 días 20 millones de pesos en concepto de “daño moral colectivo” que serán destinados “a un patrimonio de afectación para el estuario”.
En tanto que también se le ordenó a ABSA que cese con el volcado de líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamiento deficiente.
Si bien el juez hizo lugar a parte de la demanda, rechazó la acusación contra los directores de las empresas y los organismos involucrados ya que “no surge el fundamento de hecho y de derecho por el cual la actora pretende responsabilizar a los nombrados precedentemente”.
