La medida de fuerza, anunciada por UTA, afectará, principalmente, el servicio dentro del Área Metropolitana (AMBA).
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) para este jueves, luego de no llegar a un acuerdo salarial con las empresas del sector. La medida de fuerza de 24 horas se realizará un día después del paro general de transporte lanzado por otros gremios, al que los colectivos no adhirieron.
Si bien el sindicato de Roberto Fernández no adherirá a la huelga de este miércoles impulsada por la Mesa Nacional del Transporte, estatales y universitarios, un día después hará una protesta por lo que muchos usuarios verán complicadas sus actividades durante dos días.
El conflicto salarial de la UTA con las empresas está empantanado y este lunes vence la extensión de la conciliación obligatoria dictada hace un mes por el Gobierno. A fines de septiembre el gremio había decidido ir a un paro general por 48 horas debido a la falta de avances en sus paritarias, que había quedado en suspenso.
El fracaso de las negociaciones se dio este lunes por la mañana en una reunión de apenas una hora entre representantes de la UTA y del sector empresarial, realizada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según el gremio, no hubo una propuesta para mejorar el sueldo básico de $ 1.060.000 que cobran los choferes por mes y que buscan un retroactivo a agosto con aumentos graduales para que en diciembre alcance los $ 1.322.000, un 24,7% en ese período.
La medida de fuerza anunciada ahora se inscribe en la idea de Fernández, titular del gremio, de despegar la protesta del paro general que impulsa Pablo Moyano contra Javier Milei. El objetivo es que no sea leída como una acción contra el Gobierno, sino contra las empresas.
La UTA apunta que “el Estado nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año en orden a los $ 17.877.000.000, pese a lo cual las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial“.
Las compañías, en tanto, calculan que cobraron entre tarifas y subsidios unos $ 27.500 millones menos que lo previsto dentro de la estructura de costos aprobada por la Secretaría de Transporte. (DIB)
