A14 días de la protesta que llevan adelante los transportistas de granos en los accesos a las terminales portuarias del sur bonaerense, en Bahía Blanca y Quequén, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) advirtió que esta situación generó que no ingresaran exportaciones por un valor estimado en US$450 millones.
Según detalló la entidad, la interrupción del flujo logístico dejó a más de 30 buques en espera y paralizó el embarque de entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos.
En paralelo, cámaras del transporte que habían adherido a la medida de fuerza confirmaron a LA NACION que sus socios resolvieron retomar la actividad tras el acuerdo tarifario alcanzado, aun con disconformidad sobre sus condiciones, al que calificaron como “mal arreglado”. Esta mañana la CPPC había alertado que continuaba una protesta de autoconvocados en el puerto de Quequén.
El conflicto logístico tuvo como origen el reclamo de una recomposición de la tarifa de referencia para el flete frente al aumento del precio del combustible. Si bien la semana pasada, una de las cámaras del sector acordó un nuevo cuadro tarifario que consiste en un 14% de aumento en los valores de referencia, que permitió normalizar progresivamente la operatoria en el puerto de Bahía Blanca, un grupo de transportistas autoconvocados todavía mantiene la paralización de las actividades en Puerto Quequén, como señaló la CPPC.
La entidad que agrupa a las terminales portuarias indicó que esta situación afecta de manera directa la cadena de pagos de productores, acopios, cooperativas, industrias y exportadores, además de postergar el ingreso de divisas y la recaudación impositiva correspondiente. Como saldo de estas más de dos semanas de conflicto, la logística exportadora contabilizó 22 buques demorados en Bahía Blanca y otros 9 en la terminal de Quequén.
En tanto, desde Ciara-CEC también recordaron que “es imperioso que hoy se levanten todos los piquetes en Quequén en consideración a la comunidad productiva de Necochea”.
La medida de fuerza la llevaron adelante transportistas de granos, principalmente de Buenos Aires y Córdoba. A lo largo de los días, las Mesas de Trabajo del Transporte de Cargas de estas provincias realizaron diferentes reuniones para tratar de destrabar la situación. Si bien no hubo un acuerdo en estas instancias, las manifestaciones se fueron desactivando.
La CPPC manifestó que “un minoritario grupo de transportistas autoconvocados con zona de influencia en Puerto Quequén mantiene de rehén a una parte significativa de la exportación agropecuaria nacional”, al sostener bloqueos en rutas y accesos portuarios que, según señaló, derivaron en la paralización del flujo logístico, la falta de mercadería en terminales y la acumulación de buques en espera de carga.
“Esta situación implica que al menos US$450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días, afectando gravemente a productores, acopios, cooperativas, industrias, exportadores y a los mismos transportistas, deteriorando la cadena de pagos y la competitividad nacional”, advirtieron.
Recordaron que la gran mayoría de las cámaras del país “acordó” tarifas de referencia que compensan el incremento de costos. “En Bahía Blanca, incluso los autoconvocados depusieron su actitud, liberaron accesos y normalizaron progresivamente la operatoria logística, con apoyo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los autoconvocados que operan en Puerto Quequén continúan con prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas, incluyendo amenazas de represalias físicas contra otros camioneros, algunas de ellas ya registradas y en poder de la Justicia”, advirtieron.
Insistieron en que “la Cámara solicita de manera enfática a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como al Poder Judicial, que restablezcan el orden con urgencia, dentro del marco de la ley, a fin de poner fin al uso ilegítimo de prácticas abusivas que lesionan a toda la cadena agroexportadora”.
Carlos Geneiro, secretario general de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNTRA), señaló que la medida de fuerza en la provincia perdió efectividad tras el acuerdo tarifario. “No entiendo cuál es el motivo [de que continúe en Quequén]. Es un paro que no tiene fuerza: las cargas se están desviando a Bahía Blanca y Rosario”, señaló.
Y agregó: “Quieren arreglar algo que ya se arregló, mal arreglado, porque no es un buen acuerdo, pero ya está cerrado”. En ese sentido, indicó que la extensión de la medida resultaba inviable: “Era insostenible mantener tantos días en la ruta a los camioneros, cuando hay cuentas que pagar”. También afirmó que el sector fue condicionado por la situación económica: “Jugaron con nuestra necesidad”, y cuestionó las negociaciones: “Nos dijeron que iba a haber una instancia de diálogo, pero no se concretó. Terminan interviniendo las cámaras y se cierra un mal acuerdo, como pasa todos los años”.
Desde Puerto Quequén, el transportista Walter Valentini describió que la operatoria continúa paralizada y cuestionó el desenlace de las negociaciones. “Acá está todo parado. Estamos esperando que nos den una solución”, señaló. Según explicó, el jueves pasado los transportistas aceptaron una propuesta de recomposición tarifaria —“no era lo conveniente, pero la aceptamos porque queremos salir a trabajar”— que incluía un aumento del 17% más un 5% por gastos administrativos, además de una instancia de revisión. Sin embargo, afirmó que el acuerdo no se formalizó: “Quedaron en firmar y no firmaron”.
Valentini recordó que el reclamo original del sector partía de una suba del 40% y la incorporación de una cláusula de actualización automática vinculada a los costos, que finalmente no prosperó. “No la estamos pasando bien, pero tampoco podemos salir a trabajar si no tenemos la solución”, sostuvo. También planteó diferencias con los acuerdos alcanzados en otros puntos: “Salieron a trabajar con esa tarifa, pero no está homologada. Después no sabés si la podés cobrar”.
En relación con el impacto económico de la medida, remarcó: “Estos días son todo pérdida. Nosotros no queremos estar acá, queremos trabajar”. Y agregó que, aun con los valores actuales de los fletes, los márgenes se ven presionados por el aumento de costos como combustible, neumáticos y mantenimiento.
En este contexto, hoy se pronunció la Sociedad Rural Argentina (SRA). En X indicó: “Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestra profunda preocupación por el conflicto en el puerto de Quequén, que afecta seriamente la cadena agroexportadora y deteriora la competitividad del país. Quequén constituye un nodo central para la salida de granos y subproductos. Cada interrupción en su operatoria genera demoras, sobrecostos y pérdida de confianza en los mercados internacionales, impactando negativamente en productores, corredores, acopiadores, exportadores y en la economía en su conjunto, por la menor generación de divisas”.
La SRA añadió: “Resulta especialmente grave que el productor agropecuario vuelva a ser el principal perjudicado, enfrentando costos adicionales, incertidumbre comercial y trabas logísticas ajenas a su control. Preocupa, además, que un conflicto que parecía encauzado continúe afectando la normal operatoria portuaria”. (LaNacion)
