Pombo será trasladado a Villa Floresta, mientras que Caramelli sigue con arresto domiciliario. Se los acusa de haber extorsionado y cobrado dinero a albañiles por más de 1.000 trabajos que realizaron para la comuna, entre 2007 y 2010, cuando estaban en funciones.
La jueza de Garantías 1, Gilda Sthempelet, dictó el procesamiento con prisión preventiva para Marcelo Caramelli (59), y para Leonardo Pombo (43), por los delitos de “extorsión reiterada (ocho hechos en concurso real) en los términos de los artículos 55 y 168 del Código Penal, en calidad de coautores (artículo 45 del Código Penal)”.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que “el juez ordenó además que Pombo sea trasladado a la unidad Penal 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca, mientras que Caramelli continué detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por una causa del Tribunal Criminal 1”.
Caramelli y Pombo cumplieron funciones en la municipalidad bahiense durante la gestión de los intendentes del Frente para la Victoria (FPV) Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua, y habían sido condenados en julio del año pasado por cohecho y extorsión en perjuicio de un comerciante al que también le habían pedido coimas.
Por ese hecho, Caramelli fue condenado a 7 años de prisión y se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud, mientras que Pombo fue penado con 3 años y 6 meses por ser partícipe necesario.
Según la causa, a cargo del fiscal de Delitos Complejos Gustavo Zorzano, al momento de los hechos cometidos entre 2007 y 2010, Carameli se desempeñaba como director del Cementerio Municipal de Bahía Blanca, y Pombo era su colaborador.
De acuerdo a investigación los dos exfuncionarios exigieron la suma de 50 pesos por cada trabajo a los albañiles autorizados por la comuna para realizar tareas de construcción dentro del cementerio municipal, como condición para que pudieran realizar dentro del referido predio las obras de albañilería que les contrataban particulares.
“Para lograr la espuria disposición, los imputados amenazaron a las víctimas con impedirles el ingreso al predio municipal a realizar las tareas propias de su oficio, lo cual les generó temor ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo”, expresó el fiscal en el marco de la causa.
En ese contexto y según la acusación “para asegurarse el pago de las sumas de dinero arbitrariamente exigidas, Caramelli y Pombo llevaban un registro informal de todos los trabajos de albañilería que realizaban las víctimas y, una vez a la semana, les reclamaban el pago de las sumas de dinero correspondientes a los trabajos concretados durante esa semana”.
El delito que se les imputa ahora es el mismo por el que ambos ya fueron condenados, aunque con otras víctimas, ya que en la anterior oportunidad se trató de un comerciante de la zona de Parque de Mayo, a quien le exigieron 2.000 pesos para seguir trabajando allí.
Por ese caso, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, a cargo de los jueces Ricardo Gutiérrez, Onildo Stemphelet y Hugo Da Rosa, condenó el 6 de julio el año pasado a Caramelli a 7 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de 50.000 pesos, mientras que Pombo fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario. (Télam)
