Tras el decreto firmado por la gobernadora que propone “retiros voluntarios” para estatales, gremios como ATE salieron a rechazarla. Pero, qué dice la letra chica del polémico decreto.
El decreto 465/18 que firmó la gobernadora María Eugenia Vidal, propone un sistema de retiros voluntarios para los empleados estatales de la provincia, específicamente para aquellos con más de dos años de antigüedad y con menos de 24 años en función.
Este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora los retiros voluntarios responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales.
En la lectura de sindicatos como ATE, la medida significa el “cumplimiento” de la gobernadora Vidal hacia las “imposiciones del Fondo Monetario Internacional”, el cual ya exigió un mayor ajuste para empezar a entregar el préstamo millonario.
“Este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora los retiros voluntarios responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales”, expresó en su momento el Secretario General de Ate, Oscar “Colo” De Isasi.
Fue así como la gobernadora Vidal propuso un régimen muy parecido al desplegado por el ex presidente Fernando De la Rúa en el año 2000, en el cual se abrió la posibilidad de “retiros voluntarios”.
Pero, cómo funcionarían estos retiros y cómo se daría el pago de las cuotas de la indemnización en caso que un estatal aceptara lo propuesto por el gobierno provincial.
En primer lugar, hay que recordar que el régimen de retiros voluntarios es para trabajadores de planta permanente del poder Ejecutivo, organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, pero no incluye para miembros de las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario.
De esta forma, pueden optar por el retiro voluntario aquellos trabajadores estatales con una antigüedad que vaya entre los 2 años y 24 años en la Administración Pública y le falten más 5 años para acceder a un beneficio jubilatorio.
El plazo para adherir al Programa de Retiro será de 6 meses de entrada en vigencia del decreto, pudiendo ser prorrogado por 6 meses más este plazo.
Cómo serían las indemnizaciones
El que adhiera al retiro voluntario tendrá derecho a una indemnización por cese según la siguiente escala:
-Entre 2 Y 5 años de antigüedad: 4 cuotas juntas al cese y después 6 cuotas mensuales consecutivas.
-Entre 6 Y 7 años de antigüedad: 6 cuotas juntas al cese y 9 mensuales consecutivas.
-Entre 8 Y 9 años de antigüedad: 8 cuotas juntas al cese y 12 mensuales consecutivas.
-Entre 10 Y 11 años de antigüedad: 10 cuotas juntas al cese y 14 mensuales consecutivas.
-Más de 12 años de antigüedad: 12 cuotas juntas al cese y 18 mensuales consecutivas.
Por su parte, el dinero recibido en las cuotas al cese se pagarán de forma mensual, pero no incluirá viáticos, horas extras y cualquier pago no mensual.
Además, hay otro punto más que polémico en el sistema de retiros voluntarios que ofrece la provincia. En caso de aceptarlo, la persona no podrá reingresar al Estado hasta después de cinco años de su retiro.
También debe mencionarse que los mismos obtendrán la obra social de IOMA por 2 años, o hasta que tengan otra obra social nueva.
“Como ya sucedió en los años ’90, los retiros voluntarios son una ilusión óptica para los trabajadores de cara al futuro, porque el dinero que agarran rápidamente se esfuma y no vuelven a conseguir un empleo. Son medidas clásicas de ajuste. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para derogar la medida”, señaló Isasi de ATE.
