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Revocaron el sobreseimiento de directivos del Patronato de la Infancia por la violación de una menor

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Se trata del ex titular de la institución y tres integrantes del equipo técnico quienes deberán ir a juicio por “abandono de persona agravado”, en perjuicio de una joven con retraso madurativo que fue violada durante una salida familiar. Producto del abuso, la víctima había quedado embarazada y, tiempo después, la Justicia autorizó la práctica de un aborto terapéutico.

 

Los imputados son Antonio López (ex titular del Patronato), Susana Camblor (coordinadora de apoyo escolar), Verónica Godoy (trabajadora social) y el psicólogo Esteban Godia.

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara Penal, que aceptó la apelación de la Fiscal Olga Herro.

El pasado 2 de octubre de 2008 la Justicia autorizó a la joven a realizarse un aborto terapéutivco.

Tras una dura polémica que incluyó la negativa de un juez de familia a autorizar el aborto terapéutico a una joven discapacitada que fue violada, el Tribunal de Familia de esta ciudad autorizó ayer, por mayoría, la interrupción quirúrgica del embarazo de la joven de 18 años, que finalmente se realizó alrededor de las 20.30 de anoche.

El juez Jorge Longás había interpuesto una orden para suspender el aborto, luego de que el cuerpo médico del hospital Penna accediera a realizarlo, amparándose en el art. 86, inc. 2 del Código Penal, que permite los abortos en casos de mujeres discapacitadas violadas.

La controversia por la negativa de Longás, que ayer quedó desestimada por la votación de dos de sus pares, se sumó a la del juez mendocino Germán Ferrer, que el mes pasado le había negado un pedido de aborto a una niña de 12 años, abusada por su padrastro, aunque no se trató, en ese caso, de una menor discapacitada.

Votaron en contra de la decisión de Longás los jueces Eduardo Mannasero y Patricia Marenoni, quienes remitieron de inmediato la decisión a la dirección del hospital Penna. Según el portal LaBrújulaNet , de Bahía Blanca, fuentes el establecimiento confirmaron anoche que se había realizado la interrupción del embarazo, que llevaba nueve semanas. “La chica salió bien de la intervención quirúrgica y quedará internada por 48 horas para control”, dijo una fuente.

En medio de la controversia legal, distintas manifestaciones contra el aborto se hicieron oír. Primero fue un reclamo de religiosas, que contaron con el aval del Episcopado bahiense. Luego, por la tarde, otra marcha en repudio a la interrupción del embarazo copó las calles céntricas de esta ciudad. La joven discapacitada había estado a punto de interrumpir el embarazo, producto de una violación, cuando llegó la orden de Longás que, a su vez, atendía al pedido de adopción de un matrimonio.

La polémica se desató de inmediato. El abogado especialista en derechos de familia Osvaldo Ortemberg juzgó como “desacertada” la intervención del magistrado. “Longás debe decidir si es juez de la Curia o de la Nación. Si es juez de la Nación debe aplicar las leyes de la Nación. Y en este caso el aborto es legal porque está contemplado en la ley”, declaró el letrado.

Por su parte, la defensora oficial Graciela Cortázar juzgó “como incompetente” al juez, mientras que el constitucionalista Carlos Baeza lo defendió al recordar que el país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que protege la vida de los niños hasta los 18 años. “Un niño es considerado como tal desde el momento de la concepción”, dijo.

En tanto, el director del hospital Penna, Alberto Taranto, explicó que la decisión judicial los había complicado al suspender de forma intempestiva una intervención ya pautada. “Cualquier embarazo que se deba interrumpir corre mayores riesgos a medida que pasan los días”, afirmó.

“La chica está desde el lunes con una escasa pérdida hemática. Por ese motivo y por la suspensión de todo el proceso, y para protegerla desde el punto de vista médico y psicológico, permanecerá internada”, dijo.

El comité de bioética del hospital había analizado ya el aborto terapéutico, luego de que la madrina de la joven, Fernanda Petersen, hiciera la denuncia del embarazo, en agosto pasado.

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