El Jefe comunal presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense luego de que el Concejo Deliberante aprobara una norma que excluye a los funcionarios municipales de un aumento salarial otorgado a los trabajadores.
La disputa entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de General Alvear sumó un nuevo capítulo. El intendente Ramón Capra decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para frenar una ordenanza que congela los salarios del jefe comunal y de los funcionarios de su gabinete.
La presentación judicial busca resolver un conflicto de poderes que se generó luego de que los concejales modificaran un proyecto enviado por el Ejecutivo para otorgar un incremento salarial a los empleados municipales.
El origen del conflicto
La controversia comenzó cuando el gobierno local impulsó una ordenanza para aplicar un aumento del 2,5 % correspondiente al mes de mayo. La medida formaba parte del acuerdo paritario alcanzado con los trabajadores municipales durante marzo.
Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, el Concejo Deliberante introdujo cambios al proyecto original. Los ediles resolvieron excluir del incremento salarial a los funcionarios alcanzados por la Ley 14.656, una decisión que dejó afuera al intendente y a los integrantes de su equipo de gobierno.
La modificación generó un fuerte desacuerdo entre ambos poderes del Estado municipal.
El veto del Ejecutivo
Frente a la decisión del Concejo, Capra firmó el Decreto 314 para vetar la ordenanza. Según argumentó, los concejales avanzaron sobre facultades que corresponden al Departamento Ejecutivo.
Desde el Municipio señalaron además que la medida podría afectar otros conceptos vinculados a las remuneraciones, como becas deportivas y adicionales que percibe parte del personal de salud.
Por ese motivo, el Ejecutivo consideró que debía impedir la entrada en vigencia de la norma.
El Concejo insistió y reabrió la polémica
Lejos de retroceder, el Concejo Deliberante ratificó su postura. A comienzos de junio aprobó una nueva ordenanza que volvió a excluir a los funcionarios municipales del aumento salarial.
Esa decisión obligaba al Ejecutivo a aplicar la medida. Sin embargo, Capra decidió mantener su posición y trasladar la discusión al ámbito judicial.
La causa ingresó en la Suprema Corte bonaerense bajo la figura de conflicto de poderes, un mecanismo previsto para resolver disputas institucionales entre distintos órganos del Estado.
Qué deberá definir la Suprema Corte
El máximo tribunal provincial ya admitió el reclamo y suspendió provisoriamente los efectos de las ordenanzas cuestionadas mientras analiza el caso.
Ahora los jueces deberán determinar si el Concejo Deliberante tenía atribuciones para modificar el alcance del aumento salarial o si, como sostiene el intendente, invadió competencias exclusivas del Ejecutivo.
La resolución será clave porque sentará un precedente sobre los límites de intervención de los cuerpos legislativos municipales en cuestiones salariales.
La postura de la oposición
Desde el bloque peronista defendieron la decisión adoptada en el Concejo. Los ediles sostuvieron que, en un contexto económico complejo, la política debe enviar señales de austeridad a la sociedad.
“Creemos que en momentos difíciles la dirigencia debe dar gestos concretos. Consideramos que esta medida es un primer paso”, expresaron en un comunicado.
Además, remarcaron que mantendrán su postura pese a la judicialización del conflicto.
Mientras tanto, la definición quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que tendrá la última palabra sobre una disputa que enfrenta al Ejecutivo y al Legislativo de General Alvear.
